El PSOE pedirá en el Senado la reforma del decreto que regula el bono social
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El PSOE defenderá la próxima semana en el pleno del Senado una moción para que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) costeen las medidas de protección a los consumidores vulnerables de electricidad y gas, y para reformar el real decreto que regula el consumidor vulnerable y el bono social.
El senador socialista Nemesio de Lara reclamará al Gobierno que incluya en los PGE una cantidad suficiente para sufragar el coste de la protección al consumidor vulnerable para que el coste de las medidas no recaiga en las administraciones territoriales titulares de los servicios sociales.
La partida presupuestaria se distribuiría entre las comunidades autónomas según criterios acordados en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. En la moción también se pide la reforma del real decreto de 6 de octubre de 2017 por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social -un descuento sobre la factura de la luz- y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica.
De Lara considera que el real decreto tiene varias carencias y supone un importante impacto presupuestario y administrativo para ayuntamientos y comunidades autónomas. Con el nuevo bono social, la factura de los consumidores en riesgo de exclusión social, que son atendidos por los servicios sociales de su comunidad autónoma, la cofinancian las administraciones regionales y las compañías eléctricas para que no se les pueda cortar el suministro.
El PSOE critica que el real decreto no tenga en cuenta a las familias monoparentales y a las personas que viven solas, pero sí a las familias numerosas con independencia de sus ingresos. También propone aprobar, mediante el acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, una norma que impida el corte del suministro de gas a los consumidores vulnerables.
Por otra parte, la moción reclama reforzar el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales desde la Administración General del Estado para consolidar y desarrollar las estructuras de los servicios sociales de atención primaria y sus prestaciones básicas, a fin de impulsar un sistema público de atención primaria.
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