El PSOE, en pie de guerra por el decreto de reforma de Sociedades: “Aún no tenemos ningún borrador»

El Gobierno en funciones no ha enviado todavía al PSOE el borrador del decreto ley que aprobará en Consejo de Ministros para reformar el Impuesto de Sociedades, una modificación normativa prometida a Bruselas y que debe ser convalidada en el Congreso. Los socialistas partidarios de votar en contra de la reforma están ganando la batalla a los partidarios de respaldar al Ejecutivo: “aún no tenemos el contenido del decreto y sin tenerlo no pensamos respaldarla en el Congreso”.

En estos términos se expresan las fuentes cercanas al secretario de Economía del PSOE, Jordi Sevilla, que consideran que el Gobierno debería haber ya presentado algún tipo de documento para negociar el apoyo parlamentario a una reforma que es vital para lograr cumplir los objetivos de déficit público este año. El Ejecutivo pretende lograr un aumento de los ingresos en torno a los 6.000 millones de euros y acabar el año con una brecha fiscal inferior al 4,6% del PIB.

Esta dilación en el envío del texto concreto de la reforma tributaria está provocando que los partidarios de votar en contra (los más cercanos al líder del PSOE, Pedro Sánchez) ganen el debate interno que mantiene el partido. Los partidarios de rechazar la convalidación del decreto ley creen que votar a favor del mismo supondría dar argumentos al PP para defender su política económica y prefieren no cumplir con los compromisos fiscales antes que dar su brazo a torcer. Sin embargo, los más cercanos a Jordi Sevilla consideran prioritario mantener la credibilidad de España y respaldar la reforma en el Congreso.

Fuentes del Ministerio de Hacienda consultadas por OKDIARIO han señalado que la redacción del decreto ley “se está ultimando en estos momentos” y avanzan que se aprobará en Consejo de Ministros “antes del próximo 15 de octubre”. Esa es la fecha en la que el Ministerio de Economía deberá presentar a la Comisión Europea el programa fiscal para el cierre de este año y el conjunto de 2017, que incluirá una prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y la citada reforma de Sociedades.

No obstante, desde el departamento ministerial que dirige Cristóbal Montoro se recuerda que «las líneas generales de la reforma ya se conocen», en alusión al informe de la Autoridad Fiscal Independiente (la AIReF), que en su último informe apunta que el tipo del pago fraccionado del Impuesto será del 20% y que tendrá carácter permanente, algo que admitió de forma velada la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría el pasado viernes.

Tras la aprobación y publicación del decreto ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Ejecutivo dispondrá de un plazo de 30 días para que sea convalidado, tal como establece el artículo 86 de la Constitución. Para que sea convalidado deberá ser respaldado por la mayoría simple del Congreso de los Diputados.

En el caso de que el PSOE se niegue a apoyar la convalidación, entonces deberán ser los partidos nacionalistas los que apoyen al Gobierno, porque en caso contrario el desfase fiscal rondará los 7.000 millones de euros para este año y España deberá afrontar las consecuencias de una multa o de la congelación de fondos estructurales por un importe de más de 6.300 millones de euros.

En ambos casos se producirá una reducción del dinero del que dispondrán los gobiernos regionales, por lo que votar en contra del decreto ley supondrá tirar piedras sobre el propio tejado de los presidentes autonómicos socialistas.