La promotora de Valdecañas recurre al Tribunal Constitucional y pide una indemnización de 215 millones

• Nayara Mateo @nayamateo
• Redactora de economía, especializada en el sector inmobiliario, turismo, consumo y distribución. Antes en Expansión, Efe y Brainsre.news.
• • 15/03/2022 06:45
  • Actualizado: 18/09/2024 16:34

La promotora del complejo Marina Isla de Valdecañas, ubicado en en la provincia de Cáceres, ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, según informan fuentes cercanas al proceso. En concreto, la compañía presenta el recurso después de que el Tribunal Supremo ordenara el derribo de las 185 villas de lujo, el hotel de cuatro estrellas operado por Vincci, el campo de golf, la playa artificial y el club náutico que acoge la isla.

Asimismo, la promotora ha activado una reclamación de 215 millones de euros en indemnizaciones que ya pidieron a la Junta de Extremadura en 2014, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) ordenó la paralización de las nuevas viviendas y el hotel en construcción, pero avalaba el mantenimiento de todo lo construido. En su momento, el Gobierno regional dejó en suspenso el pago de las indemnizaciones por el derribo porque consideraba que no se iba a demoler el complejo.

Por otro lado, los propietarios de las 185 viviendas de lujo del complejo de Valdecañas presentarán incidente de nulidad contra la sentencia de Tribunal Supremo porque consideran que «incurre en defecto formales», según explica a Okdiario el abogado de los dueños de los chalets, Luis Díaz-Ambrona.

El letrado asegura que la composición del tribunal es un motivo para solicitar la nulidad de la sentencia, puesto que dos de los cinco magistrados que componen la Sección Quinta de la Sala III del Tribunal Supremo ya se habían pronunciado con anterioridad sobre esta causa. Uno de ellos es Wenceslao Olea Godoy, que fue ponente de la sentencia del TSJEx, que en 2011 declaró ilegal el proyecto de interés regional que permitió la construcción de la Isla de Valdecañas. Mientras que la magistrada Inés Huerta Graciano formó parte de la sala que admitió el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción ante el Supremo.

Por esta razón, el abogado de los propietarios de las villas estima que «ambos magistrados deberían haberse abstenido». «La Ley dice que el juez que haya intervenido en una instancia inferior tiene que abstenerse de la revisión de la resolución ante el tribunal superior», matiza. De ahí, podría derivarse «la nulidad de la sentencia».

Si se rechaza el recurso

No obstante, Díaz-Ambrona explica que si el Tribunal Supremo rechaza el recurso, irán un paso más allá y presentarán un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Puesto que considera que se ha vulnerado el artículo 24 de la Constitución Española, que reza: «Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión».

El letrado explica que el TSJEx consideró en su día que era mejor respetar lo que ya estaba construido que devolver la isla a su estado anterior. De hecho, ordenó la paralización de las nuevas viviendas en construcción, pero avaló el mantenimiento de todo lo que ya se estaba levantado. Por último, la última opción sería recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Isla de Valdecañas

La conocida como ‘Marbella extremeña’ es una isla artificial de 130 hectáreas levantada en el pantano de Valdecañas. Cuenta con 185 villas de lujo, un hotel de cuatro estrellas, un campo de golf, una playa artificial y un club náutico, entre otros servicios. Sin embargo, el proyecto inicial contemplaba el desarrollo de más de 550 viviendas de lujo; así como dos hoteles de 150 habitaciones, de ellos, uno está terminado y en funcionamiento, mientras que el otro se encuentra con parte de la estructura levantada.

Este desarrollo se empezó a construir en 2007, cuando el entonces presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, dio luz verde al proyecto tras recalificar los terrenos protegidos. Desde entonces, los promotores han tenido que enfrentarse a los ecologistas, que denunciaron que la construcción se erguía en una zona protegida, al estar incluida en la Red Natura 2000 y declarado Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA).