El problema de reducir la jornada laboral: la productividad es menor que en 2018 y los costes un 30% más

La reducción de la jornada laboral que está a punto de implementar la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, padece de un gran problema que va a provocar efectos negativos en el tejido empresarial español. En concreto, tal y como reflejan los datos de Eurostat, la productividad laboral real por persona es, en la actualidad, 0,8 puntos menor que en 2018. Sin embargo, por otro lado, el portal estadístico de la Comisión Europea muestra cómo los costes laborales unitarios por persona han aumentado un 29% en todo ese tiempo.

Así, la productividad de los trabajadores españoles se encuentra estancada desde hace años, mientras que los costes que pagan las empresas relacionados con el trabajo no paran de incrementarse. En ese contexto, la reducción de la jornada laboral supondría ampliar este diferencial, es decir, empeorar el problema. La medida que propone Díaz pone encima de la mesa la posibilidad de que los empleados trabajen menos tiempo por el mismo sueldo, por lo que cada trabajador costaría lo mismo para el empresario, pero estaría menos horas en su labor.

Los datos actuales ya son preocupantes. El índice de Eurostat mide el nivel, tanto de productividad como de costes, con base en 2015. Es decir, si en un momento dado se obtiene que un país tiene una productividad laboral de 101 puntos, quiere decir que es un 1% superior al que tenía en 2015. En ese sentido, España tuvo una productividad por trabajador en 2024 de 102,8 puntos, o lo que es lo mismo, tan sólo un 2,8% superior al nivel de hace 9 años. Por su parte, el coste laboral fue de 132,8 puntos, es decir, un 32,8% superior al de 2015.

El problema de productividad puede venir auspiciado por la dificultad de compaginar el sistema educativo con la demanda del mercado. Es decir, la formación no se adapta a los procesos del sector privado, algo que también tiene como consecuencia que haya un alto nivel de paro mientras numerosas empresas no acaban de encontrar candidatos adecuados para los puestos que ofertan.

En términos interanuales, la productividad laboral de España ha aumentado tan sólo un 1% con respecto al 2023, mientras que los costes de las empresas se han incrementado en cerca del 5% en un año. En ese sentido, la tendencia está consolidada desde hace tiempo y esto no es un fenómeno transitorio, sino un problema estructural del mercado laboral español.

El problema de reducir la jornada laboral

Es decir, el diferencial entre ambos indicativos no para de ampliarse, especialmente desde el año 2018, cuando Pedro Sánchez llegó al poder en España. Siete años después, el Ejecutivo socialista con el que se ha generado esta situación planea empeorarla con la reducción de la jornada laboral. Además, esto afectará de forma especial al pequeño comercio, que ya se está viendo perjudicado con otras medidas similares como las reiteradas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) que está imponiendo la ministra de Trabajo.

Además, tal y como publicó OKDIARIO, Yolanda Díaz va a aumentar el control sobre las empresas para que cumplan a rajatabla con la reducción de la jornada laboral. Sin embargo, este control no siempre va a estar acompañado de un aumento de los inspectores, sino del fomento de los chivatazos dentro de las compañías. En concreto, el Ministerio de Trabajo va a destinar medio millón de euros a fomentar e informar sobre los diferentes métodos que tienen los empleados para denunciar a sus corporaciones.

En ese sentido, no es de extrañar que Yolanda Díaz esté tomando todas estas medidas sin tener en cuenta la posición de los representantes de los empresarios. Por el momento, tanto la reducción de jornada como las reiteradas subidas del salario mínimo sólo han contado con la aprobación de los sindicatos, pues la ministra ha dejado de lado a organizaciones como CEOE y Cepyme.

Con todo, la reducción de jornada de Díaz aún está en el aire. La aprobación de esta medida está, en buena parte, en manos de Junts. Sin embargo, la formación de Puigdemont, tal y como adelantó este periódico, ha decidido escuchar las peticiones de las asociaciones empresariales de Cataluña y ha decidido votar en contra. Las fuentes consultadas por OKDIARIO añaden que este asunto es independiente del traspaso de las competencias de inmigración pactado recientemente con el Gobierno de Pedro Sánchez.