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Economía
gana el juicio por su despido

El primer directivo ‘purgado’ en Duro Felguera le costará a la empresa rescatada más de 100.000 euros

La ‘purga’ de ex directivos de Duro Felguera iniciada en julio pasado por el consejero delegado de la compañía, José María Orihuela, sí le va a costar dinero a la ingeniería asturiana, recientemente rescatada por la SEPI con 120 millones de euros de dinero público y en pleno ERTE de la plantilla. La compañía aseguró cuando despidió a cinco directivos de la firma que iba a tener «coste cero» para la empresa porque los despidos estaban justificados. De momento, la primera sentencia firme ya le costará a la empresa más de 100.000 euros en indemnización tras negarse a reintegrar en la compañía a Ignacio Rodríguez, ex Jefe de Compras de Duro Felguera.

Orihuela, que accedió al cargo el 1 de diciembre de 2018, inició en julio de 2020 una serie de despidos de directivos de la firma que incluyó a cinco altos cargos. Uno de ellos es Ignacio Rodríguez, que salió de la empresa en octubre de 2020 acusado de participar en un foro de Rankia y hacer públicos datos negativos de la empresa con la intención de dañar la acción en Bolsa. Canseco negó esas acusaciones y rechazó ser uno de los foreros de Rankia, algo que ha confirmado ahora el juez en sentencia firme.

Una portavoz de la empresa aseguró en ese momento que «se han producido despidos disciplinarios con un coste cero para la compañía porque no implican indemnización». Señaló también que los despidos no eran sólo por «mensajes en Rankia».

Según la carta de despido de Canseco, fechada el 6 de octubre en Gijón, el motivo de su salida es su participación en Rankia. Durante 16 páginas la empresa se dedica a demostrar, en su opinión, la participación de Canseco en el foro con el ‘nick’ ‘Chicuelinas’ o ‘Angelín Visiones’. Estos dos foreros son «especialmente activos en dicho foro, siempre en un tono insultante y despreciativo hacia la empresa y sus responsables con un ánimo manifiesto de causar daño y perjuicio a la imagen de la empresa. Se tienen indicios concluyentes que tras ambos pseudónimos se esconde la identidad de dos personas que indistintamente acceden a ambas cuentas de usuario para publicar los mensajes, siendo usted uno de ellos», dice la misiva.

El juez lo declara improcedente

Pese a las 16 páginas en las que se intenta probar la participación del directivo en el foro, el magistrado ha rechazado el despido y lo ha declarado improcedente, obligando a la empresa a readmitirlo en su puesto de trabajo o en abonarle una indemnización de unos 100.000 euros. Duro Felguera encargó incluso un ‘forensic’ a KPMG para apoyar su tesis, en el que confiaba para que los despidos tuvieran «coste cero».

Sin embargo, el juez señala en la sentencia que «el informe de KMPG no es determinante al respecto, se basa en sospechas y suposiciones, partiendo de la carpeta hallada en el ordenador del testigo que depuso en la vista, que reconoció que sospechó que el actor estaba detrás de los mensajes hasta el año 2018, pero que después considera que no». «El perito reconoció que detrás de los mensajes podía haber distintas personas. Las conclusiones que obtiene no son suficientes para atribuir la autoría al trabajador, lo que no significa que no lo fuera, solo o actuando en connivencia con terceros, sino que no se ha acreditado», añade.

«El perito reconoció que detrás de los mensajes podía haber distintas personas. Las conclusiones que obtiene no son suficientes para atribuir la autoría al trabajador», dice la sentencia

En consecuencia, la primera sentencia firme de uno de los directivos despedidos por Orihuela en base a ese informe ‘forensic’ le va a costar a la empresa unos 100.000 euros. Y es sólo el primero porque los otros directivos también tienen pendiente el juicio y la consiguiente sentencia. La suma de las indemnizaciones que están en juego rondan los dos millones de euros. De hecho, ya le ha costado a la empresa otros 100.000 euros por otro juicio a otro ex directivo, Roberto Pérez, en este caso todavía referido a su reclamación por haberle incluido en el ERTE. Falta el juicio por el despido.

Se da la circunstancia de que los despidos de Orihuela tendrán un coste para la empresa mientras recibe 120 millones de euros públicos.

Esta empresa se ha acogido a las subvenciones del Gobierno de España cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para las regiones ultraperiféricas para el transporte de mercancías en Canarias. ”Una manera de hacer Europa”