PSOE y nacionalistas bloquean 14.200 millones extra para sanidad, educación y pensiones
La negativa del PSOE y los partidos nacionalistas de apoyar los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 va a tener un coste social, ya que las nuevas cuentas públicas contemplan un incremento del gasto para sanidad, educación, pensiones y dependencia de 14.278 millones de euros que no será posible realizar mientras se mantenga la prórroga de los actuales PGE.
Así lo reflejan las cifras que maneja el Ministerio de Hacienda y que se extraen del proyecto de Ley de los Presupuestos de 2018 que no ha llegado a aprobar el Consejo de Ministros por carecer de apoyos políticos. El PNV aprovechó el conflicto institucional abierto por la Generalitat para reclamar aún más privilegios a cambio del voto a favor de los nuevos PGE y el PP –junto con Ciudadanos– perdió su palanca para sacarlos adelante en el Parlamento.
En concreto, las nuevas cuentas públicas contemplan un aumento de 3.226 millones de euros en el gasto destinado a sanidad respecto a los actuales Presupuestos que están en vigor, un repunte de 2.048 millones para la educación y un crecimiento de 9.004 millones de euros para la protección social (principalmente pensiones y ayudas a la dependencia). Todas estas cantidades suman 14.278 millones de euros.
No es la primera vez que el Gobierno eleva el denominado «gasto social». De hecho año tras año los desembolsos crecen a pesar que desde las filas de la oposición se denuncian los supuestos «recortes» que ha llevado a cabo del Gobierno del PP en los últimos años. Las cifras desmienten este enfoque: el dinero público destinado a educación, sanidad, pensiones y el resto de prestaciones superó los 300.000 millones de euros en 2016, con una subida de casi 60.000 millones de euros respecto al volumen de fondos destinado por las Administraciones Públicas españolas a estas partidas presupuestarias antes de la crisis.
Es cierto que el incremento del dinero público destinado para cubrir los servicios públicos básicos se ha producido al mismo tiempo que crecía la población que dependía del Estado de Bienestar, pero lo que está claro según estas cifras es que la austeridad ha brillado por su ausencia, algo que los datos correspondientes a años anteriores también confirman.
Tomando como referencia la estimación de gasto público de 2016 recogida en los Presupuestos, los desembolsos de las Administraciones han subido un 12% durante los años de crisis, presionados por el coste del rescate financiero de las cajas de ahorros, las prestaciones por desempleo, el pago de los intereses de la deuda y el ya comentado incremento del gasto para financiar la sanidad, la educación y las pensiones.
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