El PP propone una rebaja fiscal y activar un fondo con 5.000 millones para salvar al sector agrario
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El Gobierno asfixia a la agricultura y ganadería: los costes suben un 300% y los productos se pagan igual
Los agricultores y ganaderos españoles atraviesan una situación crítica desde hace meses debido a los altos costes de producción y a que sus productos se les paga al mismo precio. El sector alerta de que esto podría suponer el cierre de muchas explotaciones y cultivos. Por ello, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una Proposición no de Ley en el Congreso, para su debate en Pleno, con un paquete de medidas para salvar al sector alimentario español, el cual definen como «un sector estratégico de la economía».
El plan de choque del partido reclama anticipar pagos de la política agrícola común (PAC), una rebaja fiscal extraordinaria y un fondo de emergencia dotado con 5.000 millones de euros; así como medidas de contingencia y una modificación estructural de la política europea y nacional.
El grupo asegura que las explotaciones agrarias vienen de una situación compleja para mantener las rentas desde la pandemia. Pero ahora, el alza en los costes de producción por la subida del precio de la electricidad, piensos, fertilizantes, semillas, entre otros; la insuficiencia en los precios percibidos y los desequilibrios entre oferta y demanda «hacen insostenibles muchas explotaciones».
Además, la guerra entre Rusia y Ucrania y la inflación ha dado la estocada final al sector agrario. En este contexto, «pedimos la activación inmediata de los mecanismos de gestión de crisis y la apertura de nuevos mercados para importar y exportar», explica Milagros Marcos, secretaria nacional de agricultura y despoblación del Partido Popular.
Propuestas sobre la PAC
El PP pide flexibilizar la aplicación de la PAC para 2022, con un anticipo real de los pagos a los productores y un incremento del adelanto del pago del 50% al 70%; así como mayor flexibilidad en el uso de superficies de barbecho y de interés ecológico para aliviar los efectos de la sequía.
Asimismo, la propuesta incluye modificar el Plan Estratégico de la PAC de España, remitido a la Comisión Europea el pasado 29 de diciembre de 2021, teniendo en cuenta las actuales circunstancias.
El grupo solicita revisar el Pacto Verde Europeo y diferentes estrategias, como la Estrategia de la Granja a la Mesa y la Estrategia de la UE sobre Biodiversidad para 2030, para que «de su aplicación no se derive una pérdida del potencial productivo del sector agroalimentario, ni se ponga en riesgo la soberanía alimentaria de nuestro país», reza la proposición. Ésta también incita a pedir a la Comisión la activación de la Reserva de Crisis, diseñada para apoyar al sector cuando afecta a la producción y poder financiar medias excepcionales.
Rebajas fiscales
«Poner en marcha bonificaciones, de hasta un 35% y un 15% de la factura del gasóleo y la de los plásticos y fertilizantes, respectivamente, utilizados en las actividades llevadas a cabo por los operadores de la cadena sujetos al ámbito de aplicación de la Ley de la Cadena Agroalimentaria», pide el PP.
Por otro lado, propone establecer temporalmente la aplicación de un tipo del 4% del IVA a las compras realizadas por los productores agrarios, ganaderos o forestales, de aquellos medios o productos necesarios para su actividad. También solicita reducir los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del IRPF para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por los graves desequilibrios del mercado y el gran incremento de los costes de producción.
El partido solicita la aplicación de un fondo extraordinario para financiar medidas de ayuda para compensar las pérdidas producidas en las explotaciones agrícolas y ganaderas, dotado con 5.000 millones.
Y por último, el grupo parlamentario popular propone ayudar en la búsqueda de «nuevos mercados para garantizar el suministro de alimentos que dejaremos de recibir de los países en guerra», así como buscar nuevos destinos para la exportación de los productos alimentarios, de aquellos sectores que puedan verse afectados por las posibles restricciones al comercio.
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