Popular, Codere, Liberbank, Naturgy… El Supremo abre la puerta a la revelación de los secretos de la CNMV

¿Se concertaron los fondos estadounidenses para tomar el control de Codere evitando tener que lanzar una OPA sobre la compañía española de juego? ¿Ocultó la CNMV información sobre la situación de Banco Popular antes de su intervención y venta a Santander? ¿Llegó el fondo australiano IFM a un pacto con otros fondos en su entrada en el capital de Naturgy?

Los secretos mejor guardados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y otros organismos sobre operaciones polémicas ocurridas en España en los últimos años podrían ver la luz próximamente.

La reciente sentencia del Tribunal Supremo, de la que informó ayer martes este diario, que establece que no toda la información «que figura en un expediente de una autoridad de supervisión financiera ha de ser considerada información confidencial cubierta por la obligación de guardar secreto profesional», abre la puerta a conocer con mejor detalle los intríngulis de OPAs u operaciones sobre compañías cotizadas españolas que han permanecido ocultos.

Hasta ahora la CNMV había tratado de que prevaleciera el secreto profesional contemplado en la Ley del Mercado de Valores sobre la Ley de Transparencia.

En 2017 el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decidió que la CNMV debía ofrecer información solicitada sobre un expediente sancionador a Banco Popular, con la oposición del organismo presidido en la actualidad por Rodrigo Buenaventura.

A partir de ahí, el regulador del mercado español ha batallado hasta llegar al Tribunal Supremo con la intención de que quedara determinado sin fisuras la prevalencia de la confidencialidad. Pero el Supremo ha inclinado la balanza sobre la transparencia.

En un comunicado enviado en la tarde de ayer martes, la CNMV informó que procederá «a acatar y ejecutar la sentencia» reiterando no obstante «su compromiso de facilitar la máxima transparencia», pero «dentro de los límites establecidos por la normativa y cumpliendo siempre con el deber de secreto».

Estos son algunos de los casos sobre los que accionistas, despachos y partidos políticos han requerido una mayor transparencia, y que ahora podrían remitirse a la sentencia del Supremo para obtener mayor información.

Codere, los fondos y Albella

La familia fundadora del grupo de juego Codere, los Martínez Sampedro, llevan años batallando en los Juzgados para tratar de demostrar que los fondos estadounidenses que tomaron la mayoría del capital de la compañía actuaron de forma concertada, por lo que tendrían que haber lanzado una OPA sobre el 100% del capital.

Los Martínez Sampedro no han logrado victoria judicial sobre el caso, y han lamentado en repetidas ocasiones lo que en su opinión ha sido una mirada hacia otro lado por parte de la CNMV.

Los fundadores de Codere incluso han apuntado a las conexiones entre el anterior presidente de la CNMV, Sebastián Albella, y Linklaters, el despacho que presidió Albella con anterioridad a acceder a su puesto en el regulador, y que fue contratado por los fondos estadounidenses presentes en el capital de Codere.

IFM y Naturgy

Vox ha pedido al Gobierno copia de todos los expedientes generados como consecuencia de la OPA del fondo australiano IFM sobre Naturgy, como ha informado este diario.

El partido liderado por Santiago Abascal alude a un supuesto informe elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre una posible concertación de IFM con los otros fondos presentes en el capital de Naturgy (CVC y GIP).

Al igual que en el caso de Codere, la demostración de una concertación por parte de los fondos en el capital de Naturgy obligaría a estos a lanzar una OPA sobre el 100% del capital de la multinacional presidida por Francisco Reynés.

Banco Popular

La reciente sentencia del Supremo «desde luego puede sentar precedente para que la CNMV publique los expedientes de Banco Popular», considera un reconocido abogado que representa los intereses de accionistas en la antigua entidad financiera española, con el que contactó ayer este periódico.

Banco Popular fue intervenido a principios de junio de 2017, después de que el Banco Central Europeo estimara que la situación de liquidez del banco era insostenible, activándose entonces el mecanismo para que la Junta Única de Resolución tomara el control de la entidad española.

En esa situación, Santander se hizo con el control del antiguo Banco Popular.

Desde entonces accionistas de todo tipo de Popular han acudido a los juzgados españoles, también al Tribunal de Justicia de la UE, para conocer los expedientes que llevaron a la decisión de la intervención del banco presidido entonces por Ángel Ron.

El pasado mes de julio el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, reconoció en la Audiencia Nacional que se permitió a Banco Popular retrasar la información al mercado sobre su situación de liquidez.

Liberbank, Abanca

En plenas negociaciones entre Unicaja y Liberbank para llevar a cabo la fusión, cerrada finalmente a mediados del pasado año, la entidad gallega Abanca se interesó también por la entidad financiera asturiana.

Pero nunca ha quedado claro en qué consistió realmente ese interés y por qué finalmente el banco controlado por Juan Carlos Escotet desistió de lanzar una OPA sobre Liberbank.

En febrero de 2019 se filtró el interés de Abanca por Liberbank, lo que llevó a la CNMV a requerir información. Abanca decidió poco después apartarse de la operación.

Bank of America asesoró a Abanca en la preparación de la oferta sobre Liberbank. En mayo de 2019, la entidad estadounidense se convirtió en el tercer accionista de la entidad asturiana, con un 7,7% del capital.