Los políticos griegos tienen 60 días para deshacer cualquier vínculo con paraísos fiscales

Desde el miércoles 1 de junio que se aprobó esta iniciativa, los políticos griegos tienen 60 días para vender todas aquellas acciones que posean en sociedades con sede en el extranjero o en cualquier zona o paraíso offshore. Así lo ha decretado el parlamento de Atenas con la única oposición de los diputados del partido conservador Nueva Democracia que decidieron ausentarse de la votación. 

Con esta medida, se pretende dar un ejemplo de transparencia y transmitir a la sociedad que sus elegidos son los primeros que cumplen con aquello de que hay que pagar los impuestos correspondientes al lugar en el que vives. Un asunto especialmente complicado en una Grecia famosa por la baja recaudación de su Agencia Tributaria.  

Es paradójico pues esta decisión tumba una ley, llamada escoba, que se mandó a Bruselas como parte de los compromisos del Gobierno de Syriza para cumplir con los requisitos de sus acreedores. Bien es cierto, que es todavía más estricta pues en esa ley, en el artículo 178, sí permitía ser accionista de empresas que tuvieran la sede en el extranjero, uno de los pilares de la Unión Europea.

Pero quizá los griegos, conscientes del coste de imagen que arrastran con el resto de sus socios, han decidido ser más papistas que el Papa y han optado por evitar ningún tipo de susceptibilidad. El partido conservador Nueva Democracia decidió ausentarse de la sede parlamentaria el día de la votación de esta ley por considerarla «desmesuradamente severa, anticonstitucional y por eso inaplicable».

A pesar de la oposición conservadora la ley ha sido aprobada y por tanto el cronómetro está en marcha. Syriza, el partido comunista, los socialistas y la formación Griegos Independientes, así como, el neonazi Amanecer Dorado han dado su apoyo con la única abstención de la Unión de Centristas.

Dos meses de 30 días a contar a partir del miércoles tienen los cargos públicos para que vendan sus participaciones en todo paraíso fiscal, zona offshore o empresas con sede en el extranjero. Como se pueden imaginar esta exigencia es extensible a todo el núcleo familiar (padres, hijos y mujeres) para evitar fraudes de ley.  

Dimitris Papanquelópulos, que es ministro cuya cartera es la de Anticorrupción, ha aplaudido esta medida que transmite un mensaje de ejemplaridad a la ciudadanía, al resto de Europa y corrige un vacío legal que había en la anterior ley de cargos públicos. En la que no se incluía el término paraísos fiscales y que por supuesto, a raíz del escándalo de los Panama Papers se quiere solventar.