Los pescadores llevan a Ribera al Constitucional por la eólica marina: «El Gobierno ocultó información»

• Benjamín Santamaría @benjaefe
• Economista, analista, conferenciante y máster de educación con especialidad en Economía. Redactor de economía y empresas en OKDIARIO y autor de 'La economía a través del tiempo' en el Instituto Juan de Mariana. Miembro de la junta directiva del Centro Diego de Covarrubias.
• • 18/07/2024 06:49
  • Actualizado: 19/09/2024 12:42

Los pescadores pedirán un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional tras la sentencia del Supremo sobre la implantación de la eólica marina en España que quiere hacer la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera. Los trabajadores del mar consideran que la Justicia no ha tenido en cuenta información muy valiosa de la que dispone el Gobierno de España y que éste no ha querido sacar a relucir. Estos datos ayudarían a dirimir si la ordenación del espacio marítimo que permite poner molinos en las costas españolas se hizo -o no- con base en criterios científicos.

De hecho, los representantes del sector se reunirán el próximo lunes, 22 de julio, para planear el camino a seguir. «El Supremo no admitió las pruebas que se solicitaron porque entendía que no eran necesarios los informes sobre el impacto de la eólica marina en los diferentes ecosistemas», explica a este periódico Torcuato Teixeira, portavoz de la Plataforma en Defensa de la Pesca y de los Ecosistemas Marinos.

«El Supremo hizo una interpretación completamente retorcida porque aseguró que lo que solicitábamos eran, en realidad, periciales encubiertas», afirma el representante. Es decir, los pescadores reclamaban que el Supremo extrajera información del Gobierno para saber qué criterio había seguido a la hora de decidir que zonas de la costa van a tener molinos.

«Si hay una información y un organismo nacional como el Instituto Español Oceanográfico -que es el encargado de hacer los estudios y valorar los posibles impactos en los ecosistemas marinos de todo lo que tiene que ver con afectaciones en ellos, ya sean de la eólica marina o del sector pesquero- la tiene, tiene que aportarse en el proceso, en este caso a los expedientes», defiende Teixeira.

«Por eso, nosotros como plataforma, lo que demandábamos eran esos informes, es decir, no queríamos una pericial encubierta sino la información de la que disponen las Administraciones y los institutos cualificados del Gobierno de España para que se incorporara a los autos del Supremo y que el tribunal tuviera total conocimiento de todo lo que se hizo y de toda la información disponible», explica el portavoz.

Es decir, los pescadores querían que el Gobierno aportara toda la información de la que dispone para que el Supremo «valorase si, como nosotros decimos, la casa se comenzó por el tejado en vez de por los cimientos».

«Cuando se hace la ordenación del espacio marítimo sin tener esa información científica, está claro que la casa se empezó por el tejado. Por tanto, creo que tenemos bastantes posibilidades de demandar ante el Tribunal Constitucional en un recurso de amparo para que se nos anule esa sentencia del Supremo por desamparo de los demandantes o por cerciorar los derechos de aportar pruebas esenciales para dilucidar el asunto», sentencia.

Los pescadores, al Constitucional

La Plataforma en Defensa de la Pesca y de los Ecosistemas Marinos denunció al Ministerio de Transición Ecológica por «11 ilegalidades manifiestas». La denuncia, a la que tuvo acceso OKDIARIO, mantenía que el Gobierno podría estar vulnerando los artículos 9 y 130 de la Constitución Española al dar prioridad al sector energético antes que al pesquero y legislar siguiendo criterios arbitrarios.

En consecuencia, las decisiones del Ministerio de Ribera estarían «dañando al sistema marino», siguiendo «un sesgo evidente de priorizar la implantación de la energía eólica marina», según los pescadores.

En concreto, el artículo 130 de la Carta Magna establece que «los poderes públicos atenderán a la modernización y desenvolvimiento de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, con el fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles». Esto sería incompatible con las medidas que Ribera ha establecido, según los argumentos de los afectados.

Sin embargo, ahora, el Supremo ha sentenciado que los pescadores no tienen razón, por lo que piensan recurrir al Constitucional para poder aportar toda la documentación relevante.

Tras las elecciones generales del pasado 23 de julio, el sector pesquero pidió «una reunión urgente» con el Ministerio. Además, los pescadores han solicitado más información sobre la implantación de esta tecnología en el mar: «Hemos tenido contestación de Abogacía del Estado, donde dice que no es pertinente».