Economía

La patronal tecnológica advierte de que mantener la tasa RTVE amenaza el despliegue de fibra y 5G en 2022

Los periodistas plantan a Escrivá y Yolanda Díaz en la rueda de prensa del paro

Podemos coloca a su consejero de RTVE en el tribunal de las oposiciones internas a periodistas

La Asociación Española para la Digitalización ha exigido al gobierno que elimine la «tasa RTVE» y cumpla los compromisos anunciados sobre la Ley General de Comunicación Audiovisual, cuyo proyecto de Ley fue aprobado el martes por el Consejo de Ministros, con el objetivo de no poner en peligro el despliegue de fibra y 5G en 2022.
A juicio de la patronal tecnológica, los cambios incluidos en el texto que se ha enviado las Cámaras sobre el borrador del Anteproyecto suponen «un grave perjuicio para la industria de telecomunicaciones», un sector que es «palanca esencial de la recuperación» económica en España tras el impacto económico de la crisis sanitaria, asegura.
El organismo subraya que el aplazamiento de la entrada en vigor del nuevo modelo de financiación de RTVE a 2023, tal y como consta en el documento registrado el jueves en el Congreso de los Diputados, representa «una variación sustancial respecto a lo acordado en la hoja de ruta anunciada por el Ejecutivo en mayo», pese a la «confianza legítima» que tenían los operadores de telecomunicaciones en que el próximo año se aplicara dicha disposición. 
«Esta salvedad pone en riesgo los despliegues de redes inmediatos y, por tanto, la posición de ventaja competitiva que ostenta España en infraestructuras de telecomunicaciones», explica la patronal DigitalES.
La entidad denuncia que la prórroga hace que prevalezca la distorsión de la competencia que ha supuesto durante años un perjuicio para las compañías que prestan servicios de comunicación audiovisual en España, al igual que para los operadores de telecomunicaciones.
Por ello, demanda «unas mismas reglas del juego para todas las empresas de un mismo mercado» y que se eliminen penalizaciones adicionales que suponen un trato discriminatorio contra un sector «estratégico», añade.
En este sentido, destaca que un marco operativo en igualdad de condiciones

es el fundamento de la libre competencia e implica «una garantía de predictibilidad y seguridad jurídica», condiciones clave para los inversores.

Desde 2010, las grandes empresas del sector contribuyen al presupuesto de RTVE a través de un doble gravamen, sobre su condición de operadores y sobre su actividad como productores audiovisuales.
La nueva ley prevé eliminar el primer impuesto y ampliar el segundo a todos los actores que compiten en ese mercado, incluyendo “los prestadores del
servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma que, estando establecidos en otro Estado miembro de la Unión Europea, ofrezcan servicios específicamente dirigidos al territorio nacional”.
Sin embargo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sostiene que la aportación exigida a los operadores de telecomunicaciones no tiene relación con ningún beneficio logrado por estas empresas por el fin de la publicidad de RTVE.
En este sentido, califica de «llamativo» que estas contribuciones anuales representen más del 65% de las aportaciones totales que financian al ente público.
En su conjunto, el sector ha canalizado vía impuestos 1.500 millones de euros a RTVE desde 2010, detalla.
Las inversiones del 5G en España este año y el próximo son considerables, ya que la subasta de espectro rebasa los 1.000 millones, cuantía a la que habrá que sumar los planes de despliegue en 2022.
La patronal opina que la continuidad del gravamen el año que viene tendrá obviamente repercusiones en los planes de inversión, lo que, a su vez, pone más presión sobre el sector, que ya soporta «la mayor presión fiscal de la Unión Europea», afirma DigitalES.
La patronal aboga por mantener contacto con todos los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado para «ayudar a desarrollar normas más justas y, por tanto, más adecuadas para la sostenibilidad económica, la protección del empleo y el bienestar social».