La patronal insta al Gobierno a aprobar el martes medidas urgentes de apoyo a empresarios y autónomos
La patronal urge al Gobierno a aprobar este mismo martes en el Consejo de Ministros medidas económicas de ayuda a empresarios y autónomos que están sufriendo cierres y pérdida de actividad como consecuencia del coronavirus.
En un comunicado, la CEOE apoya la decisión del Gobierno de declarar el estado de alarma en España, aprobado este sábado, pero insta al Ejecutivo a aprobar cuánto antes estas medidas que no se pudieron aprobar en el Consejo de Ministros del sábado por las diferencias entre los dos partidos que forman el Gobierno.
«El Gobierno de España tiene que poner en marcha mecanismos útiles y rápidos que garanticen la liquidez a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas y a los autónomos, para evitar su quiebra inmediata y que puedan mantener la actividad protegiendo el empleo», dice la patronal en su comunicado este domingo.
La organización que dirige Antonio Garamendi pone el foco en tres ámbitos. En primer lugar, en el ámbito laboral, la patronal insiste en «la simplificación y agilización de los procedimientos en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) con efecto retroactivo y el reconocimiento en situaciones como el actual estado de alarma de una fuerza mayor para su presentación».
En segundo lugar, hacer frente a la falta de liquidez de las empresas por esta crisis. Para ello, «demandamos que se suspenda la obligación de pago de las cotizaciones por parte de la empresa, mientras que, del lado de la persona trabajadora, se contemple el acceso a la protección por desempleo sin exigir periodo de carencia y sin perjuicio del reconocimiento de futuras prestaciones por desempleo».
Además, piden el aplazamiento sin intereses del pago de los impuestos por parte de las empresas que hayan sufrido una caída de ventas importante por el coronavirus.
Por último, la patronal insiste en que es «absolutamente necesario y urgente poner en marcha una línea de avales públicos suficiente que facilite el acceso al crédito por parte de las empresas, especialmente de pymes y autónomos, y que las Administraciones Públicas abonen de inmediato a sus proveedores las facturas pendientes y las que reciban, sin siquiera agotar los plazos que fija la Ley de morosidad, así como que se aceleren las devoluciones tributarias pendientes». Todo encaminado a la falta de liquidez de las empresas.
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