La patronal eólica europea ataca la reforma de Ribera del mercado eléctrico: «Propone cosas inútiles»

Las empresas europeas de generación de energía eólica han atacado con dureza el proyecto de reforma del mercado eléctrico planteada por España. La propuesta elaborada por el Ministerio que encabeza la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y ‘defendida’ por el europarlamentario español Nicolás González Casares «ha propuesto cosas inútiles», según Wind Europe. La patronal eólica pide a los gobiernos de la Unión y al propio Parlamento Europeo, que se ciñan al proyecto elaborado por la Comisión. En contra de la propuesta de Ribera, la patronal europea se opone a bajar el listón para limitar los ingresos de las operadoras (los llamados ‘beneficios caídos del cielo’) y de permitir que los Estados miembros definan dicho listón. «Intervenciones nacionales como esta -dice la patronal- socavarían el mercado eléctrico de la UE y disuadirían las inversiones en energías renovables locales. Serían perjudiciales para los consumidores y para la seguridad energética».

La organización empresarial asegura que: «El Parlamento Europeo y los Estados miembros deberían ceñirse a la propuesta elaborada por la Comisión Europea. Pero el eurodiputado principal, Nicolás González Casares, ha propuesto cosas inútiles sobre los límites de ingresos, añaden los representantes empresariales».

Wind Europe no duda en apoyar específicamente el plan de la Comisión Europea, que califica de «la propuesta equilibrada» para el rediseño del mercado eléctrico de la UE. Por el contrario, considera que, en su proyecto de informe, el eurodiputado que defiende la propuesta ante el Parlamento Europeo, Nicolás González Casares, «ha hecho propuestas extremadamente inútiles». Los empresarios europeos critican con dureza reducir el umbral para que los diferentes gobiernos planteen ‘crisis de precios de la electricidad regionales’ cuando se les permita aplicar límites de ingresos extra en la generación marginal.

Para el sector eólico, la propuesta del grupo socialista europeo de flexibilizar la participación de los diferentes Gobiernos a la hora de fijar esos límites de ingresos, «conduciría a una mayor fragmentación del mercado eléctrico de la UE y desalentaría inversiones muy necesarias».

Desconfianza inversora

Para Wind Europe, los impuestos, los gravámenes y los topes a los ingresos han minado la confianza de los inversores. Como consecuencia, las decisiones finales de inversión se han quedado en el último ejercicio en 10 gigavatios Gw de nuevos parques eólicos; es decir, una tercera parte de que Europa necesita construir cada año. «Y ni un solo gran parque eólico marino alcanzó la decisión de inversión final en 2022», añade.

Uno de los problemas que más afecta al desarrollo de esta tecnología es la inflación, destaca la patronal. El otro, subraya, son «las intervenciones gubernamentales descoordinadas en los mercados de electricidad que han socavado los fundamentos del mercado energético interno de la UE». Y añade que, para superar la crisis energética y acelerar la acción climática, Europa necesita más energías renovables lo más rápido posible. El diseño del mercado eléctrico de la UE desempeña un papel clave para garantizar la seguridad de inversión necesaria.

La Unión Europea está a punto de elevar su objetivo de energías renovables para 2030 desde el 32% fijado inicialmente hasta al 42,5%. Para la industria eólica eso supone duplicar la tasa de instalación actual hasta los 30 gigavatios/año (Gw). No obstante, durante el año pasado la Unión invirtió en nuevos parques eólicos 17.000 millones de euros; apenas el 41% de lo que se invirtió en 2021 (41.000 millones). Una caída del ritmo inversor que ha provocado que, por ejemplo, los pedidos de aerogeneradores hayan caído el 47% durante el pasado año.

Sí al plan de la Comisión

Wind Europe, cuenta con 500 miembros de todas las áreas del sector eólico; desde fabricantes de aerogeneradores; a empresas componentes; de servicios públicos de energía y desarrolladores de parques eólicos; además de instituciones financieras, institutos de investigación además de las asociaciones nacionales de energía eólica.

Con esa representatividad, la organización que preside Sven Utermöhlen, CEO Offshore Wind (filial de la alemana RWE Renewables) considera que el Parlamento Europeo «debería rechazar la propuesta del eurodiputado González Casares».

Frente a ese intento de mejora, las empresas eólicas piden, tanto a la Euro cámara como a los gobiernos de los 27 países miembros, que eviten «intervenciones descoordinadas en el mercado eléctrico».

Para los protagonistas del sector, es indispensable que la UE prohíba los topes de ingresos impuestos a la generación infra marginal. «Son tóxicos para la certeza de inversión. Han demostrado ser un fracaso de la política. No deben estar consagrados permanentemente en la legislación», aseguran. Por ello reclaman que el Consejo Europeo (los gobiernos) y el Parlamento de la Unión, «se ciñan al enfoque matizado y transparente propuesto por la Comisión».

Para la industria, los Contratos por Diferencia (CfD) «garantizan la estabilización y visibilidad de los ingresos» y ayudan a mantener bajos los costes de la energía eólica. Pero, añaden, «no deben ser forzados retroactivamente a proyectos existentes. Y debe haber suficiente flexibilidad para vender electricidad bajo un Acuerdo de Compra de Energía (PPA) o en forma comercial cuando los operadores así lo deseen».

Esta modalidad de contratación (CfD) se firma entre un productor de electricidad y una autoridad estatal por un periodo de hasta 15 años y con una horquilla de precios. Los contratos por diferencia incluyen la salvedad de que, si los precios de mercado caen por debajo de la banda fijada, el Estado está obligado a compensar al productor. Aunque si los precios superan la banda fijada, el Estado tiene derecho a captar los ingresos excedentarios obtenidos por el productor.

La propuesta del sector eólico incluye también un apoyo explícito al proyecto de la Comisión Europea que incluye facilitar acuerdos de compra de energía renovable (PPA). Con rotundidad, Wind Europe reclama que el Parlamento y el Consejo europeos eliminen «todas las barreras regulatorias restantes a los PPA». Es decir, facilitar la extensión de los contratos de suministro a largo plazo y a precio fijo.