Los países de la UE aprueban que no haya multa a España y le dan dos años más para cumplir
Los países de la Unión Europea han dado luz verde a la nueva senda fiscal para España propuesta por la Comisión Europea a finales de julio, que otorga dos años adicionales para cumplir con el objetivo de reducir el déficit público por debajo del 3% del PIB, según han confirmado fuentes comunitarias a Europa Press.
Bruselas aprobó el pasado 27 de julio dar dos años más a España, hasta 2018, para situar el desvío presupuestario por debajo de este nivel, como establece el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En concreto, el déficit público de España se debe situar en el 4,6% del PIB este año, en el 3,1% en 2017 y en el 2,2% en 2018.
Ese mismo día, el Ejecutivo comunitario también tomó la decisión de cancelar la multa del 0,2% del PIB a España y Portugal, unos 2.000 millones de euros en el caso de España. Estas decisiones quedarían automáticamente aprobadas salvo que una mayoría cualificada de ministros de Economía la rechazada o enmendara en un plazo de diez días.
Las 19 capitales del euro se han pronunciado sobre las nuevas sendas de reducción del déficit tanto de España y como de Portugal (que no participan en sus propios casos), cuyos plazos de respuesta finalizaban este lunes a las 16.00 horas, y las mismas fuentes han señalado que «no hay ninguna sorpresa».
En cuanto a la cancelación de las multas, el plazo para que los países de la eurozona se pronuncien al respecto termina esta medianoche y, de la misma forma, serán aprobadas automáticamente salvo que haya una mayoría cualificada en contra de la recomendación de Bruselas.
A cambio de cancelar la multa y dar dos años más a España para cumplir con el objetivo, la Comisión Europea reclamó un ajuste estructural del 0,5% en 2017 y del 0,5% en 2018, es decir, un ajuste estructural de unos 10.000 millones de euros en los dos próximos años.
En cuanto a Portugal, el Ejecutivo comunitario le dio un año más para rebajar el déficit al 2,5% en 2016, a cambio de un ajuste estructural de un 0,25%.
Los expertos alaban la decisión
Javier Flores, responsable de análisis de ASINVER, señala que “hay que tener en cuenta que el Consejo Europeo es un órgano de decisión en última instancia política, es decir, no es una decisión técnica o automática. Se decide en ese órgano, que es político. Y como tal, los parámetros políticos influyen, y mucho, en esta decisión para finalmente no multar, ni a España ni a Portugal”.
“Una sanción por parte de Europa podría haber alimentado a los movimientos ‘eurófobos’. Por otro lado, ahora mismo hay una situación de inestabilidad y turbulencia que, en el caso de Portugal -donde uno de los partidos ha pedido un referéndum sobre la permanencia- habría sido alimentar esa posibilidad y además pondría en una situación aún más frágil a su banca. Y no existía la posibilidad de que se multe a uno y a otro no”, matiza Flores.
Mercedes Camacho, socia directora de Omega IGF, también apoya la decisión. “A mí me parece bastante razonable que no haya sanción. Europa lo que tiene que hacer ahora es construir y no crear todavía más movimientos que puedan generar una sensación para los que se quedan de que se les va a apretar mucho más las tuercas”, sentencia Camacho.
El economista José Carlos Díez explica que, a diferencia de España o Portugal, Grecia no está preocupada por el momento. “Cuando pasa un evento financiero como el provocado por el ‘Brexit’, te contagia la tensión en la Eurozona, sobre todo afectando a Portugal y a bancos cotizados en Bolsa. A Grecia ya no le atacan porque han hecho la reestructuración y tienen los vencimientos cubiertos y no tiene problemas de liquidez a corto plazo, entonces, como el Gobierno griego no tiene que salir a emitir, no están preocupados por la prima de riesgo”.
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