El Pacto de Toledo no soluciona nada: las pensiones siguen siendo insostenibles y se pagarán con deuda

• Eduardo Segovia @segoviaeduardo
• Corresponsal de banca y empresas. Doctor y Master en Información Económica. Pasó por El Confidencial y dirigió Bolsamanía. Autor de ‘De los Borbones a los Botines’.
• • 28/10/2020 04:56
  • Actualizado: 28/10/2020 08:26

España tiene un gravísimo problema con las pensiones: no habrá bastantes trabajadores para pagar las de los jubilados futuros (de hecho, ya empiezan a ser insuficientes). Pero el acuerdo alcanzado por los partidos en el Pacto de Toledo no aporta ninguna solución, lo que obliga a que los españoles nos endeudemos para pagar las pensiones. Es más, adopta algunas medidas que incluso encarecerán más la factura de la Seguridad Social.

La insostenibilidad del sistema actual de reparto (las cotizaciones de los trabajadores se reparten cada mes entre los pensionistas, no se guardan en una ‘hucha’) no es una cuestión política o ideológica, sino demográfica: la generación del ‘baby boom’ se irá jubilando y las generaciones posteriores son mucho menos numerosas. Es decir, habrá menos trabajadores por cada jubilado. Y además, cada vez vivimos más años, lo que implica que los jubilados cobrarán pensión durante más tiempo.

De hecho, la Seguridad Social ya tira del Estado para abonar las pagas extras porque no le llega con las cotizaciones actuales. Esto se debe, por un lado, a que las pensiones que se están pagando ahora son las más altas de la historia porque se están jubilando los trabajadores con los salarios más elevados. Por otro lado, los ingresos se han reducido por el aumento del paro, los bajos salarios y las bonificaciones que ofrece la Seguridad Social para distintos colectivos.

Así que no hay más remedio que buscar soluciones, bien para incrementar los ingresos, bien para reducir los gastos. No es opcional; si no lo hacemos, no habrá dinero en breve para las pensiones. Para eso se creó el Pacto de Toledo, que lleva mareando la perdiz desde 1995. Y las medidas anunciadas el martes a bombo y platillo siguen sin coger el toro por los cuernos: no hay ninguna que sirva para solucionar este déficit. Ningún partido se atreve a decir al ciudadano la verdad, ni siquiera el PP, que ha rizado el rizo al votar en contra de las reformas que introdujo el propio Rajoy en 2013 (tímidas, pero al menos en la dirección correcta).

Sí, se plantea que la Seguridad Social solo pague prestaciones y que sus gastos de funcionamiento se paguen con impuestos; es un alivio para las cotizaciones, pero supone simplemente trasladar el déficit de la Seguridad Social al Estado y el déficit público se queda igual. Y sigue sin resolverse el problema de la insostenibilidad. Lo mismo ocurre con la penalización a las jubilaciones anticipadas. Y mejor no hablar de ideas peregrinas -a día de hoy- como la cotización de los robots.

Los jóvenes pagarán mañana las pensiones de hoy de sus abuelos

Es más, se proponen medidas que agravarán aún más el problema, como ligar la revalorización anual al IPC (y ojo, este año que la inflación es negativa, se subirán un 0,9% por el artículo 33) o que se puedan escoger los mejores años de la vida laboral para el cómputo de la pensión. De medidas para incrementar los ingresos, que pasan por incentivar que las empresas creen empleo para que haya más cotizantes, ni palabra.

Entonces, ¿cómo se van a pagar las pensiones en los próximos años (ni siquiera a largo plazo)? Pues con dinero público de los impuestos. Y como tampoco hay con los niveles de déficit actuales y previstos, pues no habrá más remedio que pagar las pensiones con deuda. Algo que es un disparate conceptual e incluso plantea dudas éticas: los niños y jóvenes pagarán impuestos en el futuro para financiar hoy las pensiones de sus abuelos. La solidaridad intergeneracional al revés.

Los expertos han propuesto diferentes medidas para atacar de verdad el problema, y todas ellas pasan por reducir en mayor o menor medida el importe de las pensiones futuras. Y habrá que tomarlas en el futuro, que nadie se engañe. Ante lo cual, se hace necesario que los ciudadanos ahorren de forma individual para poder complementar esos ingresos más bajos.

Prohibido ahorrar individualmente para la jubilación

Pero el Gobierno va justamente en la dirección contraria, al penalizar todavía más los planes de pensiones -cuya fiscalidad ya era bastante mala-. Ahora ya el producto va a perder todo su interés, puesto que además, en España están muy mal gestionados y su rentabilidad es bajísima.

Detrás de esta medida no hay una intención de empobrecer a los jubilados de mañana (se supone), sino una cuestión ideológica: Podemos es muy de uniformizar a todo el mundo como en el antiguo bloque soviético, con categorías laborales cerradas en las que todo el mundo cobre lo mismo en vez de poder negociarlo libremente con la empresa. Y lo mismo le pasa con las pensiones: su ideal es que todos los jubilados cobren lo mismo (en los países comunistas era así, todo el mundo cobraba la misma miseria). Por tanto, considera que lo de ahorrar individualmente no debe tolerarse porque crea desigualdades y es «cosa de ricos», aunque el patrimonio medio de los planes sea de 10.600 euros: eso supone 44 euros al mes para alguien que se jubile a los 65 años y viva hasta los 85.

Menos mal que se puede ahorrar con otros productos financieros o con el activo favorito de los españoles: el ladrillo. Al socio de Pedro Sánchez le gusta más lo de los planes de pensiones de empresa, que obviamente no pueden llamarse así, sino de empleo. Eso permite uniformizar la pensión entre los trabajadores de la empresa por categorías (volvemos a lo mismo), y que lo manejen los sindicatos. El Pacto de Toledo propone fomentarlos y pide que se gestionen «sin ánimo de lucro»: las empresas que los tienen suelen encargar su inversión en mercado a profesionales que, lógicamente, cobran una comisión. Si los gestionan los sindicatos, nos vamos a reír.

El ministro José Luis Escrivá ha hecho una propuesta original: un plan de empleo gestionado por el Estado al que podrán aportar las empresas que no tengan capacidad de crear uno por sí mismas, básicamente pymes. Pero a cambio no se les rebajan las cotizaciones, sino que sería una aportación adicional, lo que le augura poco éxito (ha anunciado incentivos fiscales, habrá que ver si tienen suficiente atractivo).

En todo caso, en España seguimos sin tomar medidas para reformar en serio un sistema insostenible. Y todo apunta a que no lo haremos hasta que nos obligue la UE, como nos pasa con casi todo (recordemos que nos forzaron a incluir en la Constitución la limitación del déficit y la deuda cuando Zapatero casi nos metió en default).  Algo que podría producirse antes de lo que se piensa, porque es una de las demandas europeas para concedernos el dinero del fondo de rescate. Veremos si se convierte en una obligación.