Nuevo ataque del Gobierno a una empresa privada: dinamita la escisión de Naturgy

Nuevo ataque del Gobierno a una empresa privada. Tras la injerencia gubernamental en los sectores financiero y energético con la imposición de nuevos impuestos, o los cambios impuestos en el consejo de administración de Indra, la mira está puesta ahora sobre Naturgy y su plan de escindir su negocio en dos.

La Ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, ha advertido contra el plan del grupo energético sin que el Estado tenga presencia en el capital de la compañía, como sí lo tiene en Indra -la Sepi es su primer accionista con más de 25% del capital- o en Enagás (con el 5%).

Preguntada sobre los planes de Naturgy en una entrevista publicada el lunes por el periódico Cinco Días, Ribera advierte que es una operación que, en estos momentos no cree «conveniente». La escisión, afirma la Ministra, «tampoco encaja con el cumplimiento de esos compromisos de reinversión y de distribución de beneficios».

La pasada semana Ribera ya advirtió, tras la celebración de Consejo de Ministros, que el Gobierno «velará con especial atención» el plan de escisión de Naturgy.

Las declaraciones de la Ministra han puesto sobre avisto en el grupo tanto a  sus fondos accionistas -GIP, CVC e IMF, con el 20%, 20,4% y 13,38% respectivamente del capital- como a CaixaBank -Criteria Caixa es el primer accionista de Naturgy, con el 27,6%-. Fuentes cercanas a los principales accionistas de la compañía presidida por Francisco Reynés consultadas por este diario mostraron ayer su «sorpresa» por las insistentes declaraciones de Ribera.

«El Gobierno ya puso condiciones a la entrada del fondo australiano IMF en Naturgy», recuerdan fuentes consultadas. «Pero pronunciarse sobre un plan de negocio de un grupo privado es un paso más», consideran. «El presidente de Naturgy ya ha dicho que es momento de ver con prudencia ese plan de escisión», añaden.

Naturgy anunció a principios del pasado mes de febrero el proyecto Géminis, para crear dos grupos cotizados, uno para negocios regulados y otro para los liberalizados. Pero la guerra de Ucrania y la fuerte inflación han ralentizado esos planes.

Francisco Reynés ya declaró hace una semana, en un foro organizado en la CEOE, que no es el momento de ejecutar dicho proyecto «pues debe presidir ahora la prudencia antes que la ejecución».

Por esta razón las fuentes consultadas por este diario, cercanas a la compañía y a sus principales accionistas, muestran su extrañeza por la insistencia de la Ministra en cargar contra la operación. «Puede ser visto como un aviso a navegantes, a los fondos que estén ahora pensando en desinvertir en Naturgy», comentaron.

El grupo francés Total Energie ha mostrado interés en el pasado por las participaciones que los fondos de inversión mantienen en la multinacional española. Entre los fondos que participan en Naturgy, sería el estadounidense GIP el que podría tener mayor interés en vender su participación, dado que lleva en el capital del grupo desde 2016. CVC ya ha declarado que no tiene intención, ahora, de vender su participación, y el fondo IMF cumple un año en el capital de la gasista española.

La nueva injerencia del Gobierno en el funcionamiento de una empresa privada se produce dos semanas después de que el Círculo de Empresarios advirtiera contra esta tendencia.

El pasado 3 de octubre el lobby empresarial lanzó un comunicado ante la «constante injerencia que desde el Gobierno de la nación se viene ejerciendo sobre muchas de las instituciones que definen la calidad democrática de nuestro país y en el ejercicio de la libertad empresarial». España «proyecta hoy una imagen de inseguridad jurídica y debilidad institucional que socava la confianza no solo nacional, sino también internacional», advirtió.