Economía
Plan de ayudas a la hostelería

Montero abre la puerta a que los sectores excluidos puedan beneficiarse de las ayudas directas

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha indicado este lunes que el Gobierno firmará en un mes los convenios con las comunidades autónomas para hacer entrega de los 7.000 millones de ayudas directas, a pesar de que el decreto se está tramitando en el Congreso como proyecto de ley y puede incorporar nuevos sectores como beneficiarios de las ayudas que ahora están excluidos.

Montero, en rueda de prensa para ofrecer los datos de ejecución presupuestaria de 2020, afirmó que el Gobierno mantiene la idea de firmar dichos convenios en el plazo de un mes y no puede esperar a que el Congreso tramite el decreto como proyecto de ley e introduzca cambios, porque es imprescindible que el dinero llegue ya a las empresas.

«Tendremos que estar muy pendientes de la tramitación parlamentaria porque es previsible que se incorporen otros sectores como beneficiarios de las ayudas que no estaban incluidos, pero mi intención es firmar los convenios en un mes», reiteró Montero, quien indicó que posteriormente se podrán incluir los cambios que introduzca el Parlamento.

El Gobierno deja fuera a dos millones de pymes

El Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez ha dejado en la cuneta a 2 millones de pymes que no pondrán acceder al plan de ayudas directas recientemente aprobado. Es la estimación de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), que señala a los requisitos sectoriales establecidos por el Ejecutivo como la traba de acceso a las ayudas.

La patronal se ha mostrado preocupada por los plazos y por la concreción de las cuantías que finalmente recibirán las empresas. Por ejemplo, considera que la inclusión de pertenencia a CNAEs concretos para dirimir la elegibilidad de las empresas no obedece a ningún patrón que determine la viabilidad de las empresas ni el impacto económico que han sufrido durante la crisis.

Pero hay más. Cepyme también denuncia que el plan excluye a miles de compañías que también sufren pérdidas debido a las restricciones administrativas aprobadas y que, por tanto, «no pueden optar a compensaciones económicas que ayuden a su viabilidad».