El mercado de trabajo al límite: uno de cada tres activos está en paro o ERTE

Al final de junio el 12,2% de los asalariados del sector privado (1 de cada 8) estaba en ERTE. Son algo más de 1,5 millones de personas. A eso hay que sumarle poco menos de 1,5 millones de autónomos (prácticamente la mitad del total) que están cobrando una prestación por cese de actividad.

Considerando ambos grupos a la vez tenemos que 3 millones de personas (18,8% de los que trabajan en el sector privado) aparecen en las estadísticas oficiales como “ocupados”, aunque, en verdad, no sabemos cuántos de ellos volverán a sus puestos de trabajo.

Si añadimos los 3,9 millones de parados registrados, tenemos que son casi 7 millones las personas a las que el mercado de trabajo no está en condiciones de ocupar de manera plena, pese a que es gente que quiere trabajar. Con 1 de cada 3 personas activas en situación de paro o ERTE, no es necesario agregar nada más para concluir que la situación laboral es límite.

Por un lado, la estacionalidad favorable, la mayor libertad de movimientos y las menores restricciones a la actividad económica deberían confluir para que en julio y agosto se produjera alguna mejoría en el número de afiliados y se contuviera el aumento del paro. Pero, por otro lado, ya hay 140.300 empresas menos que hace un año (un 9,2% del total), cosa que implica que la normalización de la actividad económica no podrá ser total en el corto plazo. Además, la posibilidad de un rebrote en el número de contagiados por COVID-19 no es despreciable.

En este contexto, el gobierno sanchista-leninista lo fía todo al aumento del gasto público financiado con deuda (ayudas a la compra de coches, para rehabilitar viviendas, Ingreso Mínimo Vital, etc.) como “puente” hasta que llegue el “maná” de Europa.

La vía del aumento del gasto público como forma de mantener a flote la economía es un mito keynesiano del que los socialistas de todos los partidos no se quieren desprender solo porque a ellos les encanta gastar el dinero ajeno. La experiencia del “Plan E” de ZP es clara: todo ese gasto es pan para hoy y hambre para mañana.

El “maná” europeo no será tal cosa. El dinero que llegue vendrá de manera escalonada y bajo ciertas condiciones. Además, si restamos a los 140.000 millones de euros de los que se habla los 100.000 millones que España deberá aportar, el dinero neto europeo se reduce a menos de 40.000 millones. Insuficientes para mover por sí solos una economía enorme como la española.

La única alternativa realista es un plan de reactivación que estimule la inversión y mejore la confianza. Ese plan debe comenzar con una drástica reducción del Impuesto sobre Sociedades, para mejorar la rentabilidad de la inversión productiva en España. Solo con inversión puede crecer el empleo. Junto a esa reducción del Impuesto sobre Sociedades (España tiene el 4º tipo general más alto de la UE) debe anunciarse un plan de reducción del gasto público y privatizaciones para reducir la deuda, para demostrar que el gobierno quiere evitar el colapso de las cuentas públicas sin asfixiar al sector privado con más impuestos.

Trágicamente, el sanchismo-leninismo va en la dirección contraria a lo que requiere la economía. No es solo que quiera subir los impuestos, crear otros nuevos y derogar la reforma laboral. Es que, además, amenaza con arruinar cada solución que el sector privado imagina para salir adelante. El ejemplo más reciente es el teletrabajo: si empresas y empleados encontraron esa válvula para mantener los empleos y la actividad, y además conciliar del mejor modo posible la vida familiar y las tareas profesionales, ahí está la ministra comunista Yolanda Díaz para amenazar con una regulación que lo haría inviable.

No sabemos aún cuál será el coste económico total de esta crisis. De lo que podemos estar seguros es de que el sanchismo-leninismo hará que el sufrimiento sea más prolongado y duro de lo que podría ser.

Diego Barceló Larran es director de Barceló & asociados @diebarcelo