La ley de startups dispara un 30% la demanda de servicios de asesoría fiscal

La Ley de Startups no parece haber dejado satisfecho a la gran parte del ecosistema de los emprendedores, ya que aunque muy necesaria, se queda corta y no es capaz de resolver los problemas cotidianos de las startups. Esta nueva regulación ofrece algunos cambios fiscales que han hecho que algunas pequeñas empresas se vean obligadas a contar con asesores, disparando un 30% la demanda de estos profesionales.

La nueva ley plantea medidas como el aumento de exenciones tributarias, la reducción de los gastos, los plazos de inscripción de las sociedades y las reducciones impositivas, etc. Sin embargo, la realidad es que la propia regulación genera mucha incertidumbre y en la práctica cuesta mucho que este proyecto ayude de manera global al ecosistema emprendedor.

“La Ley de Startups fue una muy buena noticia, pero tras unos meses se empieza a observar que la definición de startup queda justa y las medidas son escasas. Por este motivo, es imprescindible disponer de profesionales con conocimientos fiscales y tributarios para asesorar, interpretar y aplicar correctamente la legislación vigente”, remarcan desde Deusto Formación.

La aprobación de esta ley facilitará tanto la burocracia a la hora de formar una nueva empresa como el cese de actividad de este tipo de empresas, agilizando su cierre. Sin embargo, en España aumenta cada vez más la demanda de profesionales con formación en asesoría, cifra traducida a un aumento del 30% en los servicios de coaching en las empresas, según datos de la International Coaching Federation.

Una Ley que disgusta al ecosistema emprendedor

Muchas han sido las criticas que ha recibido el anteproyecto de Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, conocida popularmente como Ley de Startups. Para la mayoría de los emprendedores esta ley es es insuficiente, ya que defienden que  el objetivo debería ser incentivar la creación de empresas innovadoras y atraer tanto talento como capital. Sin embargo, el hecho de que se restrinja su aplicación a empresas con una serie de condiciones que nada tienen que ver con muchas startups hace que no vaya a ser aplicable de forma general.

Asimismo, critican que el regulador parece ir detrás de la realidad: el sector tecnológico y digital español es cada vez más relevante, la inversión en este tipo de compañías en lo que va de 2021 supera los 2.000 millones de euros. Por otro lado, la reducción del tipo impositivo -pasando del 25% al 15%- deja fuera a la gran mayoría de startups, ya que muchas no tienen beneficios durante los primeros años.