Interior repetirá la adjudicación del recuento electoral bajo sospecha de fraude si hay nuevos comicios

El Ministerio del Interior se verá obligado a abrir un nuevo proceso de licitación para adjudicar el contrato de recuento electoral si los partidos políticos no llegan a un acuerdo y se repiten los comicios. El anterior contrato, que fue otorgado a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Tecnocom y a la catalana Scytl, no incluye cláusulas que establezcan que ocurre si hay que volver a convocar elecciones, por lo que habría que realizar un nuevo concurso.

Según confirman fuentes del sector a OKDIARIO este nuevo proceso de licitación, si finalmente se produce, deberá lanzarse en tiempo récord, ya que la legislación no permite que pasen más de dos meses después de la primera votación de investidura sin que haya jefe de Gobierno. Si no hay acuerdo en ese plazo se convocarán nuevas elecciones generales.

La anterior adjudicación ha estado salpicada por un caso de corrupción, tras la filtración del pliego de condiciones del contrato

“En este caso el Ministerio del Interior deberá dirigirse a las empresas que tengan una gran capacidad e infraestructura reconocida para que realicen las correspondientes ofertas, ya que se dispondrá de un tiempo muy corto para poder prepararlo todo de cara a las nuevas elecciones”, señalan las fuentes consultadas.

La adjudicación de este eventual contrato será mirado con lupa por la Junta Electoral Central, ya que la anterior concesión se vio salpicada por un caso de corrupción. Una trama de funcionarios filtraron el pliego de condiciones antes de conocerse oficialmente los requisitos de la oferta, lo que provocó la apertura de una auditoría interna por parte del departamento que dirige Jorge Fernández Díaz.

Según confirman fuentes cercanas a la investigación, el caso está sobre la mesa de la Fiscalía General del Estado, ya que las presuntas irregularidades pueden tener graves responsabilidades de tipo penal. Antes de las elecciones, el Gobierno “no quería levantar polvareda y menos ahora, con un Ejecutivo en funciones”.

Al proceso de licitación se presentó, además de Tecnocom y Scytl, la empresa tecnológica Indra y otra UTE formada por Base 100, Odec Centro de Cálculo y Aplicaciones y Vector Software Factory. Precisamente esta última oferta fue excluida por parte de la mesa de contratación estatal.

Este tipo de acuerdos de cooperación son habituales a la hora de optar a contratos de recuento electoral: la operadora realiza la infraestructura de telecomunicaciones y la tecnológica aporta el software, todo ello supervisado por la Junta Electoral Central.

Base 100, Vodafone e Indra

Las investigaciones se centran en Base 100, una empresa pequeña de menos de 30 trabajadores, que presuntamente accedió a los pliegos de forma irregular en una operación que iba a realizar en colaboración con la multinacional tecnológica francesa Atos.

Según las fuentes consultadas la empresa de telecomunicaciones Vodafone habría tenido acceso a los pliegos a través de Base 100 y la Fiscalía tiene en su poden un correo electrónico que prueba que un representante de la operadora de telecomunicaciones contactó con la compañía tecnológica Indra para ofrecerle ir de forma conjunta al concurso.

Ante la negativa de Indra, Vodafone habría decidido desistir y no se presentó a la licitación. La oferta que finalmente salió ganadora fue la presentada por Tecnocom y la catalana Scytl. Aunque la propuesta de Indra recibió una mejor puntuación técnica, su competidora logró el contrato por ofrecer un precio más bajo. Fuentes de Vodafone aseguran a OKDIARIO que no han recibido ninguna comunicación oficial del Ministerio del Interior sobre esta investigación.