Interior no ha comunicado a Vodafone que le investiga por intentar amañar el contrato de las elecciones

El Ministerio del Interior no ha comunicado oficialmente a la operadora de telecomunicaciones Vodafone que le está investigando por haber accedido, presuntamente, a documentación filtrada por parte de funcionarios sobre las condiciones del contrato para realizar el recuento para las elecciones generales.

El caso está siendo llevado con cautela por el departamento ministerial debido a la cercanía de las elecciones generales. Según han confirmado fuentes cercanas a la investigación, se está estudiando si  la compañía tuvo acceso a la documentación necesaria para optar a la adjudicación del recuento de las próximas elecciones generales, antes de que fuera hecha pública.

La investigación se centra en confirmar si Vodafone logró el pliego de condiciones de este contrato antes de que se abriera la licitación

La investigación se centra en confirmar si Vodafone logró el pliego de condiciones de este contrato antes de que se abriera la licitación, lo que supondría conocer de antemano los requisitos y poder realizar una oferta ad hoc para ser el ganador del concurso, lo que viola la Ley de Contratos del Sector Público.

Según confirman fuentes cercanas al caso, existe un correo electrónico que prueba que un representante de Vodafone contactó con la compañía tecnológica Indra para ofrecerle ir de forma conjunta al concurso, en forma de Unión Temporal de Empresas (UTE).

Este tipo de acuerdos de cooperación son habituales a la hora de optar a contratos de recuento electoral: la operadora realiza la infraestructura de telecomunicaciones y la tecnológica aporta el software, todo ello supervisado por la Junta Electoral Central.

Ante la negativa de Indra, Vodafone habría decidido desistir y no se presentó a la licitación. La oferta que finalmente salió ganadora fue la presentada por Tecnocom y la catalana Scytl. Aunque la propuesta de Indra recibió una mejor puntuación técnica, su competidora logró el contrato por ofrecer un precio más bajo.

Al proceso se presentó, además de Indra y la UTE de Tecnocom y Scytl, otra UTE formada por Base 100, Odec Centro de Cálculo y Aplicaciones y Vector Software Factory. Esta oferta fue excluida por parte de la mesa de contratación estatal.

Precisamente Base 100, una empresa pequeña de menos de 30 trabajadores, está siendo también investigada por acceder a los pliegos de forma irregular en una operación que iba a realizar en colaboración con la multinacional tecnológica francesa Atos.  Según las fuentes consultadas Vodafone habría tenido acceso a los pliegos a través de Base 100.

La trama de funcionarios que filtraron documentación está siendo investigada por la Fiscalía General del Estado desde el pasado mes de julio, tras la auditoría interna abierta por el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz. Interior considera que las presuntas irregularidades pueden tener graves responsabilidades de tipo penal, pero “no quiere levantar polvareda antes de las elecciones”.

Vodafone niega rotundamente las acusaciones

Fuentes de Vodafone niegan rotundamente que algún responsable de la compañía haya tenido acceso a los pliegos de forma irregular y manifiestan “cumplir escrupulosamente” con la legalidad en todas las operaciones que realiza.

Además, desde la operadora de telecomunicaciones se indica que “no se puede prejuzgar una situación que no se conoce” y tiende la mano a la Administración para determinar si se ha producido alguna irregularidad en el seno de la compañía, “colaborando en todo lo que sea necesario con la justicia”.

Fuentes del Ministerio del Interior consultadas por este diario han declarado que «no les consta» oficialmente que se haya iniciado esta investigación.