La información privada que tuvo el Santander en la venta del Popular cuestiona las cuentas de Ángel Ron

• Eduardo Segovia @segoviaeduardo
• Corresponsal de banca y empresas. Doctor y Master en Información Económica. Pasó por El Confidencial y dirigió Bolsamanía. Autor de ‘De los Borbones a los Botines’.
• • 21/10/2020 04:50
  • Actualizado: 21/10/2020 08:37

Las últimas declaraciones en la instrucción del caso Banco Popular en la Audiencia Nacional han puesto de manifiesto que los bancos que acudieron a la subasta de Emilio Saracho accedieron a una información privada que les hizo rebajar su valoración de la entidad. Esto hace sospechar tanto al juez como al fiscal del caso que las cuentas públicas de Popular no reflejaban la situación real del banco, según fuentes conocedoras de la situación.

En las últimas semanas, han prestado declaración en la Audiencia el exministro Luis de Guindos, Ana Botín y su número dos, Rodrigo Echenique. La información citada fue la que Santander y el resto de bancos participantes en el proceso obtuvieron en el data room (sala privada donde se podían estudiar las ‘tripas’ del banco) abierto por el último presidente de Popular para tratar de venderlo de forma privada y evitar así la resolución.

Guindos declaró que ninguno de los bancos que tuvieron acceso al data room (todas las grandes entidades españolas) hizo una oferta porque a ninguno le salía precio positivo. Es decir, ninguno consideraba que Popular valiera más que un euro -lo que acabó pagando Santander tras la resolución-. Y eso hace que el juez José Luis Calama y el fiscal anticorrupción Antonio Romeral se pregunten por qué nadie concedía valor a Popular si tenía fondos propios positivos y cumplía los requisitos de capital del BCE.

La respuesta más evidente es que la información privada que vieron en ese data room se contradecía con las cuentas públicas de la entidad, es decir, que estas no reflejaban la realidad del banco, que era mucho peor de la que mostraban sus estados financieros. De hecho, Ana Botín aseguró que tenía un déficit de provisiones en sus activos inmobiliarios, que cifró en unos 7.000 millones (el importe de la ampliación de capital que posteriormente realizó Santander para absorber Popular).

Esta incongruencia es achacable en mucha mayor medida a Ángel Ron, el antecesor de Saracho, que a este último. La valoración de los activos inmobiliarios (237.000 millones) y el déficit de provisiones provienen de sus 13 años al frente del banco. Y, si bien es cierto que Saracho reformuló las cuentas de 2016 al encontrar diversas irregularidades, se embarcó en una retasación de todo el ladrillo que no había concluido en la fecha en que se produjo la subasta y, por tanto, no se reflejaba en los estados financieros públicos de la entidad.

Los afectados se quejan del agravio comparativo

Por otro lado, varios afectados por la resolución (accionistas y tenedores de deuda subordinada, que perdieron todo su dinero) consideran que este acceso al data room supone ofrecer a los bancos «información privilegiada» de la que ellos no disponían y, por tanto, implica un agravio comparativo.

«Si hubiéramos tenido acceso a la misma información que ellos, podríamos haber tomado otras decisiones, como haber vendido en mercado en vez de esperar a que alguien comprara el banco, ya que habríamos sido conscientes de que nadie iba a hacerlo conociendo la realidad», asegura uno de estos perjudicados.

Las fuentes consultadas matizan que Santander no cometió ningún delito (la información privilegiada lo es) porque les invitaron al data room junto al resto de interesados. Su queja deriva del agravio comparativo y de que otras entidades tuvieran más información que los propios accionistas, a los que se les ocultó la situación real del banco.

Los riesgos y el deterioro de Popular asustaron a Santander

Según la declaración de Botín, el déficit de provisiones no fue el único factor que llevó a Santander a no presentar oferta, cuando a principios de mayo de 2017 había estimado que Popular podría valer entre 1.600 y 2.600 millones. También influyeron riesgos como el judicial derivado de las cláusulas suelo (los bancos también valoraron la eventualidad de tener que devolver los 2.500 millones de la ampliación de capital de 2016, aunque sobre eso no fue preguntada la presidenta de Santander).

Asimismo, tuvo un fuerte impacto el deterioro que estaba sufriendo el banco a ojos vistas con el desplome de su cotización en bolsa, las bajadas de rating (que también contradecían la aparente solvencia de las cuentas públicas) y la huida de depósitos a raíz de las noticias de que la JUR (Junta Única de Resolución europea) lo tenía bajo vigilancia, cuya fuente supuestamente fue la presidenta del organismo, Elke König, si bien oficialmente este extremo ha sido desmentido.

Todo ello hizo que Santander cambiara las asunciones que había hecho inicialmente para dar un valor positivo a Popular. «Todos estos números están basados en asunciones y proyecciones de futuro. Eso va cambiando», declaró Botín. Y añadió que ese deterioro hizo muy probable el escenario de resolución del banco, donde la compra sería mucho más barata y, además, las acciones y la subordinada absorberían parte de las pérdidas según la normativa europea, lo que reduciría las necesidades de nuevo capital.