La industria electrointensiva española paga un 176% más por su energía que la de Francia

La factura por el consumo de energía eléctrica para la industria electrointensiva en España en lo que va de año es 2,8 veces el coste de la energía en Francia y 1,4 veces en Alemania, según los datos publicados por la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE).

En concreto, la asociación de la gran industria estima que los precios eléctricos finales para el sector electrointensivo, que llegan a representar hasta el 50% de sus costes de producción, y en algunos procesos lo supera, al cierre de mayo se situaba, en el caso de España en los 61,36 euros por megavatio hora (MWh), un 176% más caro que los 22,24 euros/MWh en que se sitúa en Francia y un 43% por encima de los 42,79 euros/MWh en Alemania.

A este respecto, la gran industria de Francia adquiere un 62% de su electricidad con contratos más competitivos que el precio de sus mercados eléctricos a través de la tarifa ARENH, a 42 euros/MWh.

Mientras, AEGE destaca que los consumidores electrointensivos en España hacen frente a unos costes por los servicios de ajuste del sistema que no son considerados en Francia y Alemania, lo que amplía la brecha competitiva en más de 18 euros/MWh.

Además, subraya que las compensaciones por CO2 indirecto que obtienen las industrias electrointensivas en Alemania son sustancialmente superiores a las que recibe la industria nacional, que están limitadas por la indisponibilidad presupuestaria.

Concretamente, AEGE estima que en Alemania las industrias electrointensivas acceden a compensaciones por encima de las de España por un total de 26 euros/MWh superiores.

Problemas en la industria electrointensiva

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha puesto en evidencia al ministro de Industria, Jordi Hereu, a través de la Ley de Industria y Autonomía Estratégica. Según explica la organización, el Gobierno de Sánchez prometía disminuir «las cargas administrativas» que sufren las empresas. No obstante, la normativa no sólo no ha cumplido el objetivo, sino que el beneficiado ha sido, en realidad, la propia Administración Pública.

De esta manera, la Fedea pone de manifiesto que, tras leer el texto de la Ley, la conclusión es que «no se observa nada que sugiera una reducción de cargas», tal y como prometía inicialmente el Ministerio de Industria. Es decir, la disposición no ha cumplido con su objetivo.

Igualmente, la fundación asegura que los beneficiados son otros y que «más bien, al contrario, se crean nuevos sistemas de certificación empresarial, que realmente están pensados para reducir la carga de la Administración en los procedimientos de ayudas públicas».

La organización ha manifestado su preocupación, pues considera que la actuación del Ejecutivo no es la que debería ser y que «esto resulta especialmente importante en un contexto europeo donde hay una elevada preocupación por reducir las cargas administrativas que recaen sobre las empresas».