Grecia pone fin a cuatro años de controles de capital

Grecia puso este lunes fin a los controles de capital que comenzaron en verano de 2015 con un corralito bancario que duró tres semanas y durante el que los ciudadanos tan solo podían retirar 60 euros al día de los cajeros automáticos.

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, anunció en el Parlamento el final definitivo de estas medidas, nacidas en plena crisis de las relaciones del Gobierno de Alexis Tsipras con las instituciones acreedoras del país.

«Hoy se pone fin a cuatro años de incertidumbre, hoy acaban por fin los controles de capital y comienza un nuevo ciclo de optimismo para la economía y la banca griega», declaró Mitsotakis.

El ministro de Finanzas, Jristos Staikuras, informó de que el control de capitales se eliminará a partir del 1 de septiembre.

La decisión se tomó por recomendación del gobernador del Banco de Grecia, Yannis Sturnaras, que considera que el incremento continuado de los depósitos bancarios es señal de que ha llegado el momento de levantar las últimas restricciones.

El Banco Central espera además que la supresión de las restricciones acelerará el regreso de los depósitos bancarios a Grecia.

En los últimos años, el Gobierno de Tsipras levantó paulatinamente las restricciones más dolorosas, pero quedaban algunas como el límite de la cuantía diaria (100.000 euros) que las empresas podían abonar a sus clientes en el extranjero.

Además se elimina el límite en la cuantía de dinero en efectivo (10.000 euros) que puede portar consigo cada griego que viaja al extranjero.

Se suprime asimismo el tope de 4.000 euros que los individuos pueden transferir al extranjero cada dos meses.

Otras restricciones que estaban aún en vigor son la prohibición de transferencias al extranjero para la compra de joyas, de obras de arte, de material pornográfico y para pagos de juegos de azar.

La fuga de depósitos que comenzó en otoño de 2014 y se aceleró con la victoria del izquierdista Syriza en las elecciones de enero de 2015 superó con creces los 30.000 millones de euros, lo que obligó a Tsipras a imponer el citado corralito el 29 de junio de 2015