Economía

Hacienda recurre a la Audiencia un crédito fiscal de 1.000 millones del Santander heredado del Popular

  • Eduardo Segovia
  • Corresponsal de banca y empresas. Doctor y Master en Información Económica. Pasó por El Confidencial y dirigió Bolsamanía. Autor de ‘De los Borbones a los Botines’.

La Agencia Tributaria (Hacienda) ha recurrido ante la Audiencia Nacional un crédito fiscal de 995 millones a Banco Santander, procedente de Banco Popular (adquirido en 2017), que había sido aceptado por el Tribunal Económico Administrativo Central.

En su informe anual, Santander indica que, si este recurso ante la Audiencia Nacional es estimado a favor de Hacienda, Santander debería reintegrar los fondos recibidos, aunque el impacto se limitaría a los intereses de demora.

No obstante, Santander considera que «existen sólidos argumentos de defensa en relación a este recurso».

En 2017, Banco Popular consideró, al realizar la declaración del Impuesto sobre Sociedades, que parte de sus activos monetizables se habían convertido en un crédito exigible frente a la Administración , ya que se daban las circunstancias para ello. La cifra de dicha conversión fue de 995 millones.

Aunque la Agencia Tributaria consideró su condición de monetizable, opinó que a cierre de 2017 no se daban las condiciones para su conversión, sin perjuicio de lo que pudiera ocurrir en ejercicios futuros. Por ello, recurrió ante los tribunales.

El año pasado, el Tribunal Económico Administrativo Central resolvió que en 2017 se habían cumplido los requisitos para la conversión en crédito exigible frente a la Administración de esos activos fiscales diferidos (DTA) monetizables de Popular por 995 millones de euros.

Es este fallo a favor del Santander el que Hacienda ha recurrido ahora ante la Audiencia Nacional al considerar que la resolución es «lesiva para los intereses públicos».

La resolución del Popular y su venta al Santander en junio de 2017, que provocó que los accionistas y bonistas de la entidad perdieran todo su dinero, es objeto de dos procedimientos penales en la Audiencia Nacional. El más relevante se refiere a la ampliación de capital de 2016, cuyo cierre de la instrucción debería producirse este mes, según anunció el juez José Luis Calama. El segundo se refiere a la ampliación de 2012, que Santiago Pedraz había cerrado pero que la Sala le ha obligado a reabrir.