El ‘hachazo’ a los dividendos exteriores que propone Sánchez costaría 195 millones a Santander

Todavía no se ha aprobado en el Congreso de los Diputados, pero el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentado por el Gobierno este mes ya da que hablar en los departamentos financieros de las grandes multinacionales españolas, que temen que una mayoría del Parlamento apruebe medidas para gravar los beneficios obtenidos en el exterior, actualmente exentos de tributación. Un cambio que, de haberse aprobado en 2018, habría aumentado la factura fiscal del Banco Santander en 195 millones de euros.

El libro amarillo de los PGE incluye la siguiente medida: «Se limita en un 5 por ciento las exenciones por dividendos y plusvalías generadas en el exterior, sin que esto ponga en peligro los convenios de doble imposición firmados». Esto acabaría con la exención total que estos dividendos tienen, y en el caso del banco de Ana Botín habría afectado en 2018 a 3.900 millones de euros que el banco repatrió a España de sus beneficios obtenidos en el extranjero, donde Santander obtiene el 83% del total. Al aplicarse un 5% sobre esta cantidad, el banco tendría que pagar 195 millones extra, que se sumarían a los 5.200 millones de euros en impuestos que pagó en 2018, según la entidad bancaria, lo que supone un 35% del total de su resultado operativo.

Según manifestó Ana Botín este miércoles durante la rueda de prensa posterior a la presentación de resultados de Banco Santander en 2018, esta posibilidad no deja de ser una preocupación en la entidad: «Hay que tener impuestos justos y que todo el mundo pague donde genera el beneficio», dijo la directiva española nacida en Santander.

Impuesto de transacciones financieras

Además de esta subida impositiva exclusiva para empresas multinacionales, Santander también se verá afectado por otras subidas impositivas si finalmente PSOE y Podemos consiguen la mayoría en el Congreso de los Diputados para poder aprobar los PGE, una aritmética para la que necesitarían alcanzar una mayoría similar a la que se consiguió en la moción de censura contra Mariano Rajoy, y que pasaría casi con total seguridad por el Partido Nacionalista Vasco, un partido normalmente no tan a favor de las subidas impositivas como el resto de la izquierda del arco parlamentario.

El impuesto de transacciones o Tasa Tobin es un impuesto indirecto que grava con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones de sociedades españolas, con independencia de la residencia de los agentes que intervengan en las operaciones, siempre que sean empresas cotizadas y que el valor de capitalización bursátil de la sociedad sea superior a los 1.000 millones de euros. El sujeto pasivo es el intermediario financiero que transmita o ejecute la orden de adquisición. Santander, como el resto de bancos cotizados, entran en esta clasificación.