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Economía
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Golpe a la denunciante clave de Acuamed: una juez sentencia que su jefe no la acosó para inflar costes

Gracia Ballesteros, denunciante del caso, no fue acosada por la ex cúpula de Acuamed para beneficiar a determinadas constructoras

Importante sentencia contra Gracia Ballesteros, directiva de la empresa pública Acuamed que denunció a la ex cúpula de la compañía por inflar los precios y favorecer a determinadas constructoras, dando origen al llamado caso Acuamed que se investiga desde hace 10 años en la Audiencia Nacional. Ballesteros, junto a otros dos directivos de Acuamed, denunció en 2015 ante la Fiscalía Anticorrupción entre otros al entonces director general de la firma, Arcadio Mateo, acusándole de perjudicar al Estado al inflar los precios de las obras y beneficiar a empresas a cambio de regalos como entradas de fútbol.

Durante la instrucción del caso, Ballesteros ha reiterado que sufrió presiones de sus jefes para favorecer a determinadas empresas en obras de Acuamed que ella dirigía -Control y Laminación del río Serpis y descontaminación del pantano de Flix, principalmente-. Además, tras las detenciones públicas realizadas por la Guardia Civil en 2016, Ballesteros interpuso una querella contra sus jefes por acoso laboral, acusándoles entre otras cosas de presionarla para favorecer a empresas en esas dos obras.

Mientras la causa principal del caso Acuamed duerme en un cajón de la Audiencia Nacional sin que se haya determinado ni siquiera el precio real de las obras que se supone que se inflaron, una magistrada del juzgado número 20 de lo penal de Madrid ha sentenciado sobre la querella por acoso laboral, ratificada después por la Audiencia Provincial.

La sentencia es clara. «Durante el transcurso de estos años existieron desavenencias en el ámbito laboral entre Arcadio Mateo y Gracia Ballesteros sin que haya quedado probada la existencia de una conducta degradante ni hostil, ni la existencia de una situación de abuso de superioridad», señala como hecho probado.

Y continúa: «Entre los meses de septiembre y octubre de 2013 surgieron problemas entre Arcadio Mateo y Gracia Ballesteros relativos al proyecto Obras de control y laminación de Avenidas en la cuenca del río Serpis y al proyecto Obra para la descontaminación química en el embalse de Flix, derivando en múltiples llamadas y reuniones sin que haya quedado acreditada la existencia de comportamientos de acoso o actitudes hostiles, más allá de una fuerte tensión laboral, (…) que pudieran restringir de modo alguno la libertad de Gracia Ballesteros para someterla a los deseos o criterios contrarios a los manifestados por la misma».

Gracia Ballesteros, una de las denunciantes del caso.

En definitiva, la juez María del Pilar Casado deja claro en la sentencia que no se han probado presiones ni acoso laboral a la denunciante clave del caso por parte de sus jefes, lo que después ha ratificado la Audiencia Provincial de Madrid en una sentencia del 31 de octubre -que no ha sido recurrida-. También echa por tierra la acusación de que Ballesteros fue despedida en 2015 por oponerse a seguir las instrucciones supuestamente ilícitas de sus jefes -el despido fue declarado nulo y volvió a Acuamed, donde continúa trabajando-.

El ex director general de Acuamed, investigado en la causa principal, ha aprovechado para presentar un escrito en la Audiencia Nacional informando del sentido de la sentencia y recordando que «la instrucción, partiendo de los informes de la UCO, siguió como premisa la veracidad del testimonio de los denunciantes». «Sucede así que se ha venido a considerar que Doña Gracia Ballesteros fue acosada y despedida por oponerse a los supuestos designios ilícitos de sus superiores, extremo que ha quedado desvirtuado en sentencia penal firme», destaca.

Además, se da la circunstancia de que los supuestos tratos de favor a las empresas por parte de la ex cúpula de la firma también han quedado desacreditados por los arbitrajes que han presentado las constructoras y que han determinado que Acuamed tiene que pagar a estas compañías por sobrecostes de las obras más que lo que había pactado pagarles la anterior cúpula, como ha publicado este diario.

Por ejemplo, en la obra de la presa de Rambla Gallinera, una de las obras bajo sospecha investigadas en la Audiencia Nacional. Las constructoras aceptaron cobrar por sobrecostes 1,2 millones tras negociar con la ex cúpula de Acuamed, acuerdo que quedó en papel mojado por las detenciones de 2016. El laudo arbitral ha obligado a Acuamed a pagar 2,9 millones a las constructoras, 1,7 millones más.