El Gobierno de Sánchez mantiene más de 7 millones de subvención al fondo buitre Fidere sólo en Madrid

Tal y como ha informado el Ministerio de Fomento, el total abonado en concepto de subvenciones a Fidere asciende a 7,3 millones de euros, concedido a través de once pagos, tal y como se desprende del documento enviado por el departamento que dirige José Luis Ábalos en funciones.

Tras una reclamación presentada en enero, Transparencia estimó que el Ministerio de Fomento, que controla José Luis Ábalos, tenía que informar en un plazo de 20 días -que comenzó el pasado 3 de abril- de las subvenciones concedidas a Fidere Vivienda o entidades similares, cuyos préstamos hipotecarios «estaban subsidiados, con especificación de sus nuevos beneficiarios y sus cuantías, detallándose por concepto y periodo, hasta su definitiva cancelación».

Según el documento remitido al Ministerio de Fomento, al que ha tenido acceso OKDIARIO, Transparencia solicitaba el detalle de todos los reconocimientos de subsidios que se hayan producido en los diez últimos años por el departamento que controla ahora José Luis Ábalos, pero que en la última década dirigían Íñigo de la Serna (PP), Ana Pastor (PP) y Pepe Blanco (PSOE).

Cabe recordar que el Tribunal de Cuentas exigió a Ana Botella y sus concejales a pagar 25 millones de euros por la perjudicial venta de la vivienda social por la EMVS (Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo) a BlackStone a través de su filial Fidere, al considerar que se vendió por debajo del precio de mercado.

Además, la asociación «El águila Protectora» denunció el pasado 22 de agosto a Fidere por supuestas ayudas públicas ilegales. Una denuncia, presentada ante la Comisión Europea de Bruselas, que también iba dirigida al Ministerio de Fomento, y según la cual se buscaba «la defensa de los derechos de los ciudadanos frente a las prácticas anticompetitivas de los Fondos Buitre”.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es un organismo público español, independiente, que se encarga de velar por la transparencia de la actividad pública y garantizar el derecho de acceso a la información pública que tienen los ciudadanos.

En boca de su primera presidenta, nombrada en 2014, «desde el honor que supone presidir por primera vez en la historia de nuestra democracia un organismo de estas características, hago un llamamiento a la ciudadanía, las instituciones públicas, las organizaciones, las universidades, la sociedad civil y todos los agentes sociales, para que colaboren con nosotros en conseguir una auténtica revolución en la relación de la Administración con los ciudadanos en la que estos pasen de ser depositarios a ser propietarios de la información que disponen los servicios administrativos».