El Gobierno relaja el control de los requisitos para cobrar el paro, prestaciones y subsidios

El Gobierno ha movilizado miles y miles de millones de euros durante la pandemia -que pagarán las próximas generaciones porque irán a engrosar primero el déficit público y después la deuda pública- para sostener un amplio sistema de subsidios, prestaciones, ayudas por desempleo, ERTE y subvenciones. Sin embargo, la escasez de personal está haciendo que los funcionarios y empleados públicos encargados de la gestión de este ingente volumen de ayudas se centre en agilizar los pagos y se están destinando pocos recursos (por no decir, casi ninguno) a vigilar que se cumplen los requisitos.

Pese a que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, avisó de que los defraudadores de los ERTE -apuntando a los empresarios en el pasado mes de junio- se arriesgan a cometer un «delito penal», en ningún caso se están vigilando de cerca que otras exigencias que se contemplan en la ley efectivamente se cumplen. Es lo que denuncian las fuentes sindicales consultadas por este periódico, que explican que «estamos en una etapa de menor control del fraude porque estamos enfocados en el pago de las prestaciones». «El control de las prestaciones o no lo estamos haciendo o es de bajo perfil», avisan a OKDIARIO.

Pero no es únicamente la carga de trabajo lo que está haciendo que los controles del desempleo sean menores que antes de la pandemia sino que el Gobierno ha eliminado requisitos importantes para justificar el acceso a algunos de los subsidios de desempleo ante el caos de los ERTE que se ha vivido el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). De hecho, como informó OKDIARIO el pasado mes de julio, ya no mide cuál es el nivel de rentas anual en las prestaciones que da a los parados mayores de 52 años y, en el caso de dos de los subsidios más importantes para parados de larga duración, tampoco les obliga ya a estar buscando trabajo de forma activa. Esta relajación cuando el Gobierno lanzaba su nuevo subsidio estrella: el Ingreso Mínimo Vital.

La explicación la daba el propio Gobierno de forma directa en una respuesta parlamentaria escrita a varios diputados de VOX (ver imagen adjunta): «Se han flexibilizado requisitos para el acceso a determinados subsidios, como es la no presentación de la Declaración Anual de Rentas (DAR) en el subsidio para personas trabajadoras mayores de 52 años, o la no exigencia del requisito de Búsqueda Activa de Empleo en la Renta Activa de Inserción o el Subsidio Extraordinario de Desempleo».

El Gobierno también relaja los controles contra la economía irregular

A esto se suma que el Gobierno está relajando la vigilancia contra la economía irregular y la lucha contra la precariedad laboral.

La propia Inspección calcula en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 que este año tan sólo realizar  74.446 visitas a centros de trabajo para vigilar la economía irregular y el trabajo de extranjeros en situación irregular, frente a las 140.000 previstas y las 132.277 visitas realizadas en 2019. Es decir, que ha recortado un 43% estos controles con respecto a los efectivamente ejecutados en 2019. Para el año que viene el Gobierno ha presupuestado que habrá 140.000 inspecciones a empresas, aunque como dice el refrán español, obras son amores y no buenas razones.

También es muy significativo que el Gobierno calcula que sólo investigará en 2020 el fraude en 431.466 contratos temporales, frente a la vigilancia de 451.914 realizada efectivamente en 2019. Es decir, que controlará cerca de 20.000 contratos menos este año, un desplome del 4,5% en términos relativos.

Es la misma caída que se observa en la vigilancia de los contratos a tiempo parcial, de 20.000 contratos, lo que indica que la lucha contra la precariedad no está siendo en realidad una de las prioridades del Ejecutivo.

Pese a la ley del registro horario -que ha obligado a cambiar la operativa de miles y miles de empresas a lo largo y ancho del país-, el Ejecutivo también ha recortado la vigilancia de que en las empresas se cumpla con el tiempo de trabajo. Si en 2019 se hicieron 26.853 actuaciones para vigilar este extremo, en 2020 la ejecución prevista baja a 25.142.