El Gobierno presume del ingreso mínimo pero tarda 216 días en concederlo y endeuda a menores de edad

• Carlos Ribagorda @CRibagorda
• Periodista de Economía en Okdiario. Nacido en Madrid. Licenciado en periodismo por la Universidad Complutense.
• • 08/02/2026 05:45
  • Actualizado: 08/02/2026 05:45

El Gobierno tarda hasta 216 días en aprobar las solicitudes de los ciudadanos para cobrar el ingreso mínimo vital (IMV). Es una de las razones por las que el 55% de los potenciales beneficiarios de esta prestación –porque no alcanzan los ingresos necesarios para vivir– decide no solicitarlo. Otra de las razones son los llamados cobros indebidos, es decir, la reclamación por parte de la Seguridad Social de la ayuda recibida en caso de que en una revisión posterior se supere el límite de ingresos, algo que afecta a miles de perceptores y en muchos casos por errores de la Administración.

Estas reclamaciones generan una deuda en los afectados que no pueden pagar y que incluyen a los hijos de los perceptores, aunque sean menores de edad. «Son deudores solidarios aunque sean menores de edad», explica Leire, una afectada del Colectivo de Afectados del IMV.

Mientras el Gobierno y el Ministerio de Seguridad Social que dirige Elma Saiz presume mes tras mes de la cantidad de personas que cobran el ingreso mínimo -donde incluyen también la ayuda a la infancia que ya se cobraba antes-, los informes independientes y los testimonios de los afectados son demoledores.

El último ha sido el de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), publicado esta semana, en la que cifra en el 55% los potenciales perceptores del ingreso mínimo que ni siquiera lo solicitan. El porcentaje, denuncia, es prácticamente igual al de 2021 -57%-, por lo que los ciudadanos siguen desconfiando de esta prestación.

Y uno de los motivos que citan las entidades colaboradoras del ingreso mínimo preguntadas por la AIReF es la falta de información sobre la prestación, los «tiempos largos» y el miedo a los reintegros. En cuanto a los tiempos largos, la AIReF cifra en hasta 216 días el tiempo que la administración resuelve los expedientes de solicitud.

Así sucede en Ávila, la provincia donde más se tarda en resolver las solicitudes de la prestación. Después se encuentran Valladolid (210 días), Lérida (205 días), Melilla (203 días), Granada (202 días), Guadalajara (201 días) y Huesca (198 días). Algunas provincias han ido a peor entre 2022 y 2024: Ávila (181% de aumento), Ourense (144%), Teruel (127%), León (122%), Castellón (69%), Zamora (56%), Segovia (52%) y Valencia (52%). La AIReF advierte en cualquier caso que los tiempos medios se están reduciendo a nivel nacional.

Otro aspecto que citan las entidad colaboradoras es el miedo al reintegro de la prestación. Se trata de un problema grave que afecta a miles de personas. El Gobierno ha admitido que ha reclamado la prestación a más de 100.000 personas que suman un valor de 500 millones de euros. 

El problema se genera cuando la Seguridad Social concede la prestación -al principio incluso sin que se pida, de oficio- y, al año siguiente, cuando coteja los ingresos de la unidad familiar con la Agencia Tributaria inicia el proceso de reintegro de la ayuda si se han superado los ingresos límite que marca la ley.

Lo que ha ocurrido es que en muchos casos se producen errores de la administración, o se calcula mal la unidad familiar, o se contabilizan ingresos que no se deben contabilizar o bienes que no se deben sumar, como la vivienda habitual.

Estos errores generan un proceso de reintegro que genera deudas a las familias, que no pueden pagar porque se quedan sin prestación y, si están sin trabajar, con ingresos cero. Esa deuda la heredan los hijos menores, que son deudores solidarios.

La situación es tan grave que los afectados han denunciado al Gobierno ante el Consejo de Europa -que la ha admitido-, y el Defensor del Pueblo ha pedido cambios al Gobierno en la prestación para que no se generen estas deudas que dejan a los afectados en situación más precaria que antes de recibirla.