El Gobierno podrá echar a los funcionarios que no cumplan con sus obligaciones y objetivos

UGT y CCOO consideran «gravísimo» que los funcionarios puedan ser apartados de sus puestos de trabajo si no superan la evaluación por desempeño que contempla el anteproyecto de ley de Función Pública, aprobado este martes en el Consejo de Ministros.

El título V del anteproyecto, especifica que la evaluación del desempeño será «obligatoria para todo el personal» y tendrá «efectos directos en la progresión en la carrera profesional, en los criterios para la provisión de puestos de trabajo, en la continuidad en el puesto de trabajo, en la percepción del complemento de desempeño y en la valoración de las necesidades formativas».

El texto no desarrolla ningún modelo de evaluación, aunque establece «unos principios y criterios orientadores», entre los que cita «la mejora continua y la revisión y seguimiento periódico de los objetivos de este modelo a través de un órgano colegiado creado al efecto que es la Comisión de Coordinación de la Evaluación del Desempeño».

La secretaria del sector de Administración General del Estado de FSC-CCOO, Elisa Fernández, ha señalado que esa evaluación por desempeño obligatoria, con la posibilidad de «remover de su puesto de trabajo» a aquellos que lo han obtenido por concurso, es «bastante grave», ya que «puede ser bastante subjetiva» y, además, no se ha negociado con los sindicatos.

Para Fernández, esta medida «clama al cielo» y reclama que esa evaluación sea «garantista y transparente», sujeta a «unos criterios objetivos». El secretario de Administración General del Estado de UGT Servicios Públicos, Carlos Álvarez, ha añadido que se trata de una decisión «gravísima e inaceptable». Los dos sindicatos insisten en que la evaluación del desempeño no debe seguir un esquema vertical, sino que debe realizarse de forma global, recíproca, por unidades y oficinas, y que, además, se tenga en cuenta la situación del empleo público en el ámbito.

Manual de RRHH

Álvarez ha señalado en la rueda de prensa que el anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros en su primera lectura es más un «manual de recursos humanos» que una futura ley de Función Pública. «El documento en una primera vista vemos que es manifiestamente mejorable. Omite muchas de las expectativas tangibles y concretas que han venido exigiendo los empleados públicos», ha añadido. Fernández ha apuntado que el anteproyecto ha llegado al Consejo de Ministros «con prisas y sin la necesaria negociación colectiva».

«Este anteproyecto es más un manual de recursos humanos que considera al personal de la Administración General del Estado (AGE) como una herramienta más del entramado de la Administración y no se pone en valor el perfil humano de las personas», ha comentado. UGT cree que el texto es «demasiado básico», carece «una de conexión e incidencia directa sobre empleados públicos» y prioriza «los mecanismos organizativos del personal sobre sus condiciones de trabajo». Desde el sindicato, reconocen que esperaban un anteproyecto que recopilara «todo el derecho disperso que hay en toda la Administración».

CCOO ha advertido, además, de que la nueva ley «no puede contener ninguna restricción de los derechos ya adquiridos y consolidados de la AGE». CCOO y UGT denuncian que el texto omite materias esenciales como el Código ético de conducta, las vacaciones y los días de libre disposición, la incidencia de la digitalización en las condiciones de trabajo, las incompatibilidades, la discrecionalidad sobre los nombramientos o la remisión al desarrollo de cuestiones en posteriores reglamentos. Los sindicatos confían en que el texto del anteproyecto se someta a una «revisión bastante amplia» en el diálogo social y la negociación colectiva.