El Gobierno obligará a DKV, Adeslas y Asisa a dar servicio a Muface nueve meses pese a su rechazo

Las aseguradoras Adeslas, Asisa y DKV dejaron plantado este martes al Gobierno y no se presentaron a la renovación del concierto para prestar asistencia sanitaria en Muface, la mutualidad de los funcionarios. Una renuncia que se explica por la nula rentabilidad del contrato y que ha permitido la debilidad actual del Ejecutivo de Pedro Sánchez, según algunas fuentes. Sin embargo, el Gobierno las va a obligar a seguir dando servicio durante nueve meses.

Esta posible prórroga obligatoria está recogida en el artículo 29 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que estipula que «cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato».

La norma añade que «la prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato».

A esta disposición es a la que se refirió ayer el Ministerio de Función Pública cuando aseguró que todos los mutualistas seguirán recibiendo la asistencia sanitaria en las condiciones actuales, con las prórrogas y los mecanismos «previstos en la Ley de Contratos del sector público». Por tanto, pretende invocar esas «razones de interés público» citadas en la Ley.

Con esta garantía de poder obligar a las aseguradoras a seguir prestando servicio durante esos nueve meses, el Gobierno pretende lanzar una nueva licitación en la que se supone que mejorará las condiciones rechazadas este martes. No obstante, parece muy difícil que alcance las exigencias de las compañías: el Ejecutivo elevó su oferta de subida de las primas del 14% al 17,5%, pero las aseguradoras pedían un aumento del 38%.

En otras circunstancias, estas firmas no se habrían atrevido a dejar desierto el concurso, según fuentes del sector. Pero ahora han aprovechado la debilidad del Gobierno, asediado por la corrupción y la gestión de la DANA, para plantarse y ponerle en la tesitura de ceder a sus exigencias o tener que desmontar Muface.

¿Cómo funciona Muface?

Muface -es decir, el Estado- paga a las aseguradoras una prima anual para que presten asistencia sanitaria privada a los funcionarios; éstos pueden elegir entre ésta o la sanidad pública, pero el 80% elige el seguro privado. En el anterior concurso, de 2021, ya no se presentaron firmas que históricamente habían prestado este servicio, como Mapfre, Caser o Sanitas, debido a que las bajas primas les suponían pérdidas.

DKV (del gigante Munich Re), Adeslas (propiedad de Mutua Madrileña y SegurCaixa) y Asisa (una cooperativa de médicos) sí se presentaron a ese concurso porque les daba acceso a un gran volumen de asegurados -1,5 millones- y les permitía prestar servicio en provincias con baja población, donde muchas clínicas tendrían que cerrar si dejaran de atender a los mutualistas de Muface.

Subida de costes

Pero ahora se encuentran con un escenario mucho peor. Por un lado, se han disparado los costes por la inflación, tanto de suministros como de energía o salariales. Y por otro, han aumentado notablemente las consultas y los tratamientos a raíz de la pandemia del covid. Ambas cosas requieren una subida de ese 38% para no perder dinero, según estas aseguradoras, de ahí que hayan rechazado el 17,5% que ofrecía el Gobierno.

Según un comunicado conjunto, el último convenio les ha supuesto pérdidas de 600 millones entre las tres. De hecho, Asisa (la más pequeña) asegura que aceptar las condiciones ofrecidas por el Ejecutivo le podría llevar a la quiebra.

La propia existencia de Muface es una herencia del franquismo, ya que permite a los funcionarios tener seguro privado gratis cuando el resto de trabajadores deben pagárselo de su bolsillo. Ahora bien, su desaparición -que es lo que ocurrirá si no hay un acuerdo cuando se agote la prórroga- supondría un enorme problema de saturación para la sanidad pública, ya que tendría que absorber a ese millón y medio de nuevos pacientes.