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Economía
Asalto empresarial

El Gobierno obligará a la CNMV a aceptar su entrada en Talgo para controlar la empresa sin lanzar una OPA

Hacienda inspeccionó a los socios de Trilantic para obligarles a aceptar la oferta de Sidenor en Talgo

  • Eduardo Segovia
  • Corresponsal de banca y empresas. Doctor y Master en Información Económica. Pasó por El Confidencial y dirigió Bolsamanía. Autor de ‘De los Borbones a los Botines’.

Tras el asalto a Telefónica, el Gobierno está a punto de tomar también el control de Talgo con la compra de un 10% de su capital por parte de la SEPI, aunque en el horizonte de esos planes no aparece una OPA. Pese a que compartirá ese control con Sidenor y el Gobierno vasco, el Ejecutivo pretende forzar a la CNMV para que no les obligue a lanzar una OPA sobre el 100%. Algo que seguiría a la presión ejercida sobre Trilantic para que aceptara la oferta de Sidenor mediante inspecciones de Hacienda, como desveló OKDIARIO.

Este 10% que comprará la SEPI pertenece a los socios del fondo Trilantic en el holding Pegaso -las familias Oriol y Abelló- que se habían quedado fuera de la venta del 30% del capital acordada entre este fondo y el consorcio formado por Sidenor, el fondo Finkatuz del Gobierno vasco y las fundaciones BBK y Vital (también controladas por el PNV).

Ahora bien, con esta compra de la SEPI, el porcentaje adquirido por los compradores superará el 30% de Talgo (alcanzará el 40%) que marca la ley como umbral a partir del cual es obligatorio lanzar una OPA sobre el 100%. Sin embargo, el Gobierno pretende que el nuevo presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Carlos San Basilio, no obligue a los compradores a presentar esa oferta.

Para ello, tendrá que justificar que no existe acción concertada entre el citado consorcio y la SEPI. «Es una acción concertada de libro porque van a controlar conjuntamente Talgo, y no obligarles a lanzar una OPA sería un nuevo escándalo del Gobierno saltándose la legalidad», opina una fuente cercana a la compañía.

Otra añade que «el gran perjudicado es el accionista minoritario de Talgo, al que el Gobierno ha privado de una OPA a 5 euros, la del consorcio húngaro, y de otra posible OPA por parte de la polaca Pesa. Y ahora ve cómo los accionistas mayoritarios pueden salirse a buen precio y ellos se quedan atrapados. Pero al Gobierno no le importan los minoritarios».

Esta fuente augura que los pequeños accionistas de Talgo se agruparán en una asociación e interpondrán demandas por este atropello. «Pero esas demandas tardarán años en resolverse con los consiguientes recursos a instancias superiores, y aunque al final les den la razón, ya no se podrá echar marcha atrás».

El precedente de Indra

La operación que se está planteando sería una repetición de la de Indra en diciembre de 2022. En la junta de accionistas de junio de ese año, el fondo Amber del primer accionista de Prisa, Joseph Oughourlian, forzó la destitución de cuatro consejeros independientes que se oponían a los planes del Gobierno en la tecnológica, con el voto a favor de la SEPI (que tiene el 25,16% del capital), el citado Amber con el 5,12% entonces (ahora declara el 6,23%) y la vasca SAPA Placencia con otro 5% (ahora también lo ha elevado hasta el 7,94%).

La CNMV abrió una investigación sobre si había acción concertada entre esos accionistas, lo que, al sumar más del 30%, les obligaría a lanzar una OPA. Pero la policía de la Bolsa, entonces presidida por Rodrigo Buenaventura, concluyó que hubo «cooperación» pero «concertación» entre ellos.

«Ha quedado acreditado que los accionistas SEPI, SAPA y Amber cooperaron para llevar a cabo los ceses, con una participación activa del presidente de Indra. Aun existiendo dicha cooperación, en este momento, no existen suficientes indicios que permitan considerar dicho acuerdo como una acción concertada para el control de la gestión de Indra».

Ahora, Carlos San Basilio tendrá que hacer un salto mortal parecido para autorizar la entrada de la SEPI en talgo sin lanzar OPA por el 100%.

Por último, el PNV ha cambiado de opinión sobre la entrada de la SEPI, que rechazaba hasta ahora por implicar la presencia del «Estado español» en el capital de Talgo. «Le quita el problema de Pegaso, el control de la gestión va a ser de Sidenor, la SEPI va a hacer lo que el PNV quiera y la sede social se va a trasladar a Vitoria. Se dan por satisfechos», concluye una de las fuentes.