El Gobierno negó a S&P tener previstas las medidas sobre el CO2 que va a aprobar este martes

El Gobierno vuelve a sacarse de la manga a toda prisa una medida para crear una cortina de humo, en este caso sobre el cambio de la factura de la luz que entra en vigor este martes. El Consejo de Ministros va a aprobar hoy mismo una medida para que las empresas que generan electricidad sin emitir CO2 tengan que devolver la parte del precio de la luz que corresponde a las energías contaminantes, pero el viernes pasado el Ministerio de Transición Ecológica negó a la agencia Standard & Poor’s (S&P) que fueran a hacerlo de forma inmediata.

Un informe de la principal agencia de comunicación crediticia del mundo asegura que se puso en contacto con el Ministerio de Teresa Ribera tras enterarse el viernes pasado de que el Ejecutivo planeaba intervenir en el mercado mayorista de electricidad para limitar el impacto de la subida de los precios del gas y de los derechos de emisión de CO2 en el recibo de la luz. La respuesta del departamento fue que «no había nada en la agenda inmediata relativo a una medida como esa».

Ahora esa agenda ha cambiado de repente ante la necesidad de acallar la reacción masiva de protesta de la población ante el cambio de tarifas que también entra en vigor este martes y que, como es sabido, obligará a utilizar los electrodomésticos que más consumen de madrugada o los fines de semana. Un nuevo sistema que llega, además, con el precio del kilowatio/hora disparado, prácticamente a los mismos niveles que en la tormenta Filomena.

S&P añade que, según un portavoz del Ministerio, Ribera había planteado el 13 de mayo que el Gobierno estaba trabajando en un plan de acción que afectara al impacto de los precios del CO2 en los recibos domésticos, pero dentro de los márgenes permitidos por la UE. Algo que no está nada claro que vaya a ocurrir en el diseño final del plan.

En España, el precio de la luz sigue un sistema que se conoce como «marginal», es decir, lo marca la última energía que entra en el sistema. Esta suele ser el gas, porque las centrales de ciclo combinado son las que cubren la demanda cuando no hay suficiente energía renovable (cuando no hay viento o sol, o es de noche). Y el gas es la más cara por el precio de la materia prima y porque, al ser contaminante, debe comprar derechos de emisión de CO2 en el mercado por normativa europea.

El problema es que ese precio es el mismo para todas las fuentes de generación, aunque sean mucho más baratas que el gas, como la nuclear o la hidroeléctrica. Es decir, su coste es mucho menor pero cobran el precio más caro. Eso es lo que se denomina en el sector «beneficios caídos del cielo» y es lo que ahora pretende el Gobierno que devuelvan para abaratar el recibo.

La patronal europea critica la medida duramente

El problema es que no es tan sencillo como hacer eso. El secretario general de la patronal eléctrica europea, Eurelectric, ha criticado duramente la medida: «Preocupa mucho al sector ya que introduce inestabilidad regulatoria y distorsiona los incentivos de mercado no solo para invertir en futuras renovables, sino también para operar los activos actuales no contaminantes».

Kristian Ruby añade que «básicamente, significa que los generadores pagarán dos veces, lo que pone en peligro sus ingresos y su capacidad para invertir en nuevas plantas de generación». Se refiere a que ya han hecho una inversión para generar electricidad con fuentes no contaminantes y, ahora, además, les quitarán parte de los beneficios de esas inversiones.

«Manipular los precios políticamente es veneno para la confianza de los inversores», concluye Ruby, en un momento en que España necesita como nunca a los inversores internacionales para recuperarse de la gravísima crisis económica actual.