Los bancos tendrán que reducir por Ley el coste de la amortización anticipada de las hipotecas
Las cuatro preguntas clave a la hora de contratar una hipoteca
El Gobierno en funciones va a aprobar una normativa que obligará a los bancos a reducir el coste de amortizar anticipadamente una hipoteca o cualquier préstamo inmobiliario, incluso los ya firmados, y permitirá que, de forma general, a partir del sexto año la entidad financiera no cobre comisión alguna por este concepto al consumidor.
Según el texto de la reforma legislativa, a la que ha tenido acceso la agencia EFE, en caso de reembolso o amortización anticipada total o parcial de un préstamo inmobiliario en los cinco primeros años de vida del crédito, el cliente pagará una comisión máxima del 0,25% del capital reembolsado anticipadamente o el importe de la pérdida financiera que pudiera sufrir el prestamista .Si la amortización se produce, sin embargo, en los tres primeros años de vigencia del préstamo, el límite se mantiene en el 0,50% que opera en la actualidad para los cinco primeros años de la vida del crédito.
A partir del quinto año, la normativa vigente fija un límite del 0,25% y en el anteproyecto de ley la comisión es cero desde el sexto año, por lo que las mejores noticias para los consumidores vendrán a partir de entonces, cuando se allana el camino a miles de hipotecados, tanto actuales como futuros. En cualquier caso, si el cliente pacta unas condiciones mejores, serán éstas las que se apliquen, como ocurre en la actualidad.
El fin de la comisión de amortización a partir del sexto año es una de las principales novedades del anteproyecto de ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario que el Ministerio de Economía ha sacado a consulta pública hasta el próximo 15 de septiembre. Con este trámite, el departamento que dirige en funciones Luis de Guindos trata de avanzar en la incorporación de una directiva europea cuyo plazo de transposición concluyó el pasado 21 de marzo de 2016 y que apenas han incorporado media docena de países.
Otra de las novedades es que el texto ofrece al consumidor el derecho de cambiar la divisa de referencia de su préstamo, se regulan las funciones de asesoramiento y se «prohíben» las ventas vinculadas, aunque eso no impedirá que puedan seguir existiendo como fórmula de abaratar la financiación, siempre que se ofrezcan los préstamos por separado en condiciones de mercado o haya una autorización expresa del Banco de España.
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