El Gobierno estudia que los bancos asuman una quita de los créditos ICO

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue buscando fórmulas para reducir la deuda de las empresas españolas tras la crisis sanitaria del Covid-19. Si hace unas semanas el debate versaba sobre la condonación de una parte de los pagos que las empresas deben afrontar tras la concesión de los ICO, ahora, se pone sobre la mesa la posibilidad de que sea la banca quien asuma ese porcentaje de pérdidas. Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos estudia llevar a cabo una quita del 10% en los prestamos avalados por el Estado para que las empresas puedan mantener cierto nivel de liquidez.

El objetivo de esta medida es la inclusión de los bancos como actor esencial a la hora de asumir dicha quita, lo que no ha gustado ni a las entidades bancarias ni al propio Banco de España. Sin embargo, hacer participes a los bancos limitaría el impacto que esta medida -que podría generar un aumento deuda pública- tendrá sobre las arcas públicas.

La titular de asuntos económicos señala que si las empresas, que se encuentran en un alto nivel de insolvencia como consecuencia de la paralización de la actividad, no consiguen devolver la cuantía del crédito, revertirá directamente en las cuentas del Estado, impacto que podría reducirse si se hacen participes a las entidades bancarias.

Y es que, tras la concesión de cerca de 118.000 millones de euros canalizados a través de los créditos ICO, el Gobierno busca alternativas para frenar los posibles impagos de las empresas que se encuentra en situación de insolvencia. Sin embargo, la banca ha manifestado su oposición a asumir parte de esta quita, ya que esta estrategia podría disparar los resultados de las entidades -que ya han realizado ciertos reajustes para hacer frente a la crisis sanitaria- empeorando la situación financiera del país.

El Banco de España estima que entre el 14% y el 19% de las empresas está en situación de insolvencia, por lo que tendrán importantes dificultades para la devolución de los ICO. Las asociaciones de empresarios llevan meses reclamando al Gobierno de Sánchez e Iglesias ayudas directas, condonación de una parte de las deudas o la suspensión de las cuotas a la Seguridad Social con el objetivo de oxigenar las cuentas de pymes y autónomos que se encuentran en situación de banca rota.

Oposición a la condonación de la deuda

El Banco Central Europeo (BCE) ha dejado claro que no está dispuesto a condonar la deuda pública ligada a los efectos derivados de la crisis del coronavirus como reclaman alrededor de un centenar de economistas en un manifiesto encabezado por el francés Thomas Piketty y al que se han adherido la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y el secretario de Estado de Derechos Sociales y responsable económico de Podemos, Nacho Álvarez, ya que no sólo es ilegal, sino que carece de sentido económico.

Así lo ha explicado la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, que aseguró que la anulación de la deuda pública con el BCE, que han pedido algunos economistas europeos, «no es planteable» porque «sería una violación del tratado europeo que prohíbe estrictamente la financiación monetaria de los estados, por lo tanto es ilegal».

Unas declaraciones que coinciden con las del vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, que aseguró durante su intervención en un acto organizado por LSESU German Society que «la cancelación de la deuda es ilegal, según los tratados, pero quisiera señalar que no es sólo una cuestión legal o de que va contra los tratados. La cancelación de deuda ligada a la crisis del coronavirus no tiene ningún sentido económico o financiero en absoluto».

Además, el vicepresidente del BCE ha señalado que al condonar la deuda en el balance del banco central, este tendrá dificultades para mantener el flujo de dividendos que paga al tesoro nacional, por lo que, desde un punto de vista contable a corto plazo, la condonación de deuda puede suponer un alivio en la ratio de deuda pública del Gobierno, pero con el tiempo, afectaría a los dividendos obtenidos y puede producirse una equivalencia contable con un efecto quizás mayor que el de la cancelación.

En este sentido, Guindos ha criticado la falta de miras de algunos gobiernos excesivamente centrados en los efectos a corto plazo y no en el medio plazo de la recuperación de la economía tras los efectos de la pandemia, señalando que, no es únicamente una cuestión de contabilidad, sino que dañaría la reputación, credibilidad e independencia de los bancos centrales y de herramientas como los programas de compra de deuda implementados.