El Gobierno dice que pagará a los pequeños propietarios los alquileres que no se puedan abonar

Las fuertes discrepancias entre la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, se han vuelto a poner de manifiesto tras el Consejo de Ministros de este martes que ha aprobado un paquete de medidas -elaborado mayoritariamente con propuestas del PSOE- destinado al mercado del alquiler durante la crisis del coronavirus. 

«Son medidas para proteger el derecho constitucional de la vivienda», decía Iglesias en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que también ha anunciado que el Estado se hará «cargo de las deudas que queden impagadas» si después de la crisis se mantiene la situación de vulnerabilidad.

El plan, dotado con 700 millones de euros, incluye la suspensión de los desahucios seis meses tras el fin del estado de alarma, la prórroga extraordinaria de seis meses de los contratos de alquiler de vivienda habitual para evitar subidas abusivas, una línea de microcréditos avalados por el Estado o ayudas directas de hasta 900 euros tras la crisis, entre otros.

En cuanto a los microcréditos, quien caiga en situación de vulnerabilidad puede acogerse a ellos a tipo 0 de interés, a devolver en 6 años ampliable a 10 en caso de dificultades.

Iglesias ha dicho que el nuevo paquete de medidas recoge una definición «muy amplia» de los supuestos de vulenrabildiad para acogerse al sistema, sumado a facilidades para devolución de los mismos, lo que permitirá que un «gran número» puedan acogerse, por ejemplo para parados, trabajadores inmersos en ERTE o reducción de jornada o autónomos con ingresos reducidos.

El PSOE ha tendido que ceder frente a Iglesias en algunos puntos del paquete de medidas y ha incluido una distinción entre los pequeños propietarios y los fondos de inversión y grandes tenedores de vivienda.

Iglesias ha dicho que los grandes tenedores de vivienda «deben arrimar el hombro y hacer un esfuerzo como todo el mundo». Por ello, tendrán que elegir entre realizar una quita del 50% o bien reestructuración de la deuda en 3 años para los afectados.

En España, el 95% del mercado el alquiler está en manos de propietarios particulares. El resto pertenece a grandes empresas y fondos.