Los funcionarios pueden votar tranquilos, tendrán paga extra
El Gobierno va a usar el aumento de la recaudación de impuestos de este año para adoptar su enésima medida electoralista en materia económica: devolver a los funcionarios una cuarta parte de la paga extra que fue “suspendida” en 2012 y que equivale al salario de 48 días de trabajo.
Hasta tal punto el Ejecutivo tiene prisa por adoptar la medida que el Consejo de Ministros ha solicitado al Consejo de Estado un dictamen de urgencia, antes del 11 de septiembre, para que se pueda conceder este crédito extraordinario que asciende a 252 millones de euros y que garantiza la devolución del 26% de las cantidades no percibidas en 2012.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado hoy que la próxima semana se aprobará el Decreto Ley, que permite la concesión de este crédito para que la devolución se haga de forma inmediata «en la primera nómina que pueda redactarse», tras su entrada en vigor.
El importe del crédito incluye además la recuperación del último de los tres días de libre disposición, los llamados «moscosos», que se suprimieron en 2012 y de los que se habían devuelto dos a los empleados públicos. También se restituyen los permisos particulares por antigüedad (los denominados coloquialmente “canosos”), que permitirán días de vacaciones adicionales en función de los años que haya pasado cada funcionario en la Administración.
La vicepresidenta del Gobierno ha dicho que la devolución de la paga extra se puede hacer porque la evolución del déficit del Estado “ha sido muy positiva”, ya que se ha reducido cerca de un 16 % hasta julio, debido fundamentalmente a una mayor recaudación. Es decir, que se devuelve la paga extra a los funcionarios porque previamente se ha elevado el esfuerzo fiscal que soportan los contribuyentes.
Respecto a calificar de “positiva” la evolución del déficit, es necesario recordar que con la economía creciendo a una velocidad de crucero del 3,1% la caja del Estado no es capaz de generar superávit. De hecho el agujero entre enero y julio fue de más de 26.700 millones de euros.
El resto en 2016… si las CCAA quieren
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya anunció a finales de julio que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2016 recogerían la recuperación este año de un 25% de la paga extra suprimida en 2012, y el 50% restante en 2016.
En la nómina de los empleados públicos del pasado enero de este año ya se abonó un 25% de la paga extraordinaria y los PGE de 2016 recogen la devolución del 50% restante a principios del año que viene.
Dicha medida tendrá un coste total de 2.562 millones de euros -547 millones sólo al Estado- y será «básica potestativa», es decir, que las comunidades y los ayuntamientos son libres de aplicarla «según sus planes de ajuste y conforme proceda en la negociación con sus centrales sindicales».
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