El Gobierno corta el agua a 10 familias vulnerables de Madrid por una deuda del anterior propietario

• Alicia Bonilla
• Periodista especializada en Economía. Graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.
• • 16/01/2026 14:16
  • Actualizado: 16/01/2026 15:55

La Sareb, empresa que es propiedad del Gobierno, está ejerciendo acoso inmobiliario contra 10 familias, que se encuentran en situación de vulnerabilidad. El motivo es que esta entidad que pertenece al Gobierno de Pedro Sánchez ha ordenado que se corte el agua de un inmueble que se encuentra en el municipio madrileño de Casarrubuelos, a pesar de que los contratos en alquiler social de los inquilinos se encuentran plenamente vigentes.

Así, la excusa de la Sareb para ejecutar esta acción, en colaboración con el Canal de Isabel II, es una deuda que no corresponde a los inquilinos actuales, sino al antiguo propietario del edificio.

No obstante, los vecinos aseguran que estas presiones se deben a causas que vienen de lejos. En concreto, el pasado 29 de mayo de 2025, los inquilinos lograron una importante victoria tras años de lucha colectiva: la firma de nuevos contratos de alquiler social después de que Sareb se negara inicialmente a formalizarlos. «Esta conquista fue fruto de la organización vecinal y del apoyo del Sindicato, y supuso frenar el riesgo inmediato de desahucio», explican los vecinos.

Sin embargo, lejos de respetar esta situación, Sareb, en coordinación con el Canal de Isabel II, ha iniciado un nuevo proceso de presión, según los vecinos. Como denuncia también el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, «el Canal ha procedido a la instalación de cepos en el suministro de agua, alegando una deuda que no corresponde a los inquilinos, sino al antiguo propietario del edificio».

«Este nuevo episodio evidencia una estrategia de acoso inmobiliario destinada a desgastar y expulsar a los vecinos, utilizando los suministros básicos como herramienta de presión. Se trata de una práctica especialmente grave al tratarse de viviendas de titularidad pública», defienden desde el sindicato.

Asimismo, desde Casarrubuelos, los vecinos también subrayan que la experiencia demuestra que la organización vecinal y la movilización colectiva pueden frenar los procesos especulativos y defender el derecho a una vivienda digna y a los suministros básicos. «La situación actual pone de relieve la necesidad de cambiar la gestión de las viviendas en manos de Sareb y de poner fin a las políticas de privatización de lo público», denuncian los vecinos.