El Mifid 2 introdujo la exigencia de operar con el código identificativo LEI

El Gobierno conocía la compra de Telefónica: desde 2018 es obligatorio informar a la Bolsa en tiempo real

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Patricia Sanz
  • Patricia Sanz
  • Abogado, periodista y máster tributario de Garrigues. Antes, asesora fiscal por Luxemburgo y España, ahora, redactora jefe de Economía de OKDIARIO.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez fue conocedor de la adquisición de las acciones de Telefónica por parte de Saudi Telecom Company (STC Group) varias semanas antes del comunicado oficial. «El Gobierno monitorea las transacciones de la Bolsa de Madrid y, por tanto, tuvo que ver el LEI (por sus siglas en inglés, identificador de entidad legal) de la operadora saudí, que fue comprando durante semanas y de forma progresiva las acciones de Telefónica; haciéndose con títulos, por ejemplo, por valor de 100 o 200 millones de euros diarios, hasta llegar al total de los 2.100 millones que les han granjeado el 9,99% de la compañía española», aseguran expertos del mundo bursátil a OKDIARIO.

«Es imposible que no se dieran cuenta, ya que se tarda varias semanas en acumular ese volumen de acciones, por lo que el Gobierno tuvo que ser plenamente conocedor de la operación desde el principio». Expertos del sector recuerdan a este digital que las entidades mercantiles están obligadas a operar en todos los mercados del mundo con LEI. En el caso de Saudi Telecom Company -o STC, denominación con la que es también conocida como ‘entidad legal’- su LEI es el 21380028ATJ79OTA9W17. Una serie de dígitos alfanuméricos que el equipo del Gobierno tuvo que estar vigilando durante semanas, incluso durante precampaña electoral, hasta llegar al tope de los 2.100 millones.

Reporte en tiempo real

En el caso español, la obligatoriedad de operar con LEI se introdujo el 3 de enero de 2018, cuando comenzó a aplicarse el nuevo marco normativo sobre mercados e instrumentos financieros, basado en la directiva MiFID II y el reglamento MiFIR.

De hecho, esta legislación establece el «reporte de datos sobre operaciones a reguladores y supervisores», como es el caso de las adquisiciones de las acciones de Telefónica, que tuvieron que ser informadas a la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores): «La CNMV no conoce estos códigos -y sus titularidades-, por lo que tuvo que pedirlo a la Bolsa de Madrid y ésta sí lo conocía en tiempo real», señalan fuentes conocedoras del funcionamiento del organismo. Es más, «tratándose de la compañía que es, ¿cómo no van a estar mirando en la Bolsa quién compra Telefónica, siendo como es, un actor estratégico para la Nación y, además, contratista de Defensa, especialmente en materia de ciberseguridad?»

Elecciones del 23J

Dado que el Gobierno fue pleno conocedor de la operación semanas antes de que comenzasen las primeras transacciones -pudiendo ser julio, junio o incluso mayo del presente año- surgen nuevos interrogantes en la entrada de STC en Telefónica. Pedro Sánchez dejó religiosamente aprobado el decreto antiopas en el Consejo de Ministros del pasado 4 de julio, con la prolongación del escudo antiopas sine die. Así las cosas, el decretazo pudo coincidir con el inicio de la adquisición de las acciones de Telefónica por parte de STC. «No sería descabellado afirmar que el plan fue perfectamente trazado entre el Gobierno Frankestein y el de Arabia Saudí. La pregunta es, ¿por qué?», señalan otras fuentes.

Fuentes del Partido Popular aseguran que los socialistas tenían asumida su derrota electoral mucho antes del pasado 23J: «Más de un ministro nos tenía ya preparado el traspaso de toda la documentación de las carteras y hasta bromeaban con ello». El Ejecutivo, ahora en funciones, tenía clara su marcha de Moncloa tras los imprevisibles resultados de las pasadas elecciones que condujeron a una situación de ingobernabilidad.

Sin embargo, se desconoce el motivo de Pedro Sánchez para dejar la aprobación del decreto antiopas para el final de la que pensaba sería su última legislatura como presidente. Tampoco se ha esclarecido por el momento, por qué el político socialista dejó programada la materialización de la ‘operación Telefónica’ para cuando él ya no estuviese en el Gobierno.

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