La Generalitat prepara una ley para imponer alquileres de hasta 10 años y limitar precios

La consellera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, ha anunciado este lunes que preparan un proyecto de ley para regular los alquileres, a través del Código Civil catalán, que alargará la duración mínima de los contratos a entre seis y diez años y prevé poder limitar precios. En una comparecencia en el barrio del Raval de Barcelona, junto al director general de Derecho y Entidades Jurídicas, Xavier Bernadí, Capella ha explicado que están estudiando que la norma establezca condiciones diferentes para particulares y sociedades, y que la duración mínima de los contratos para los primeros será inferior que los segundos.

El nuevo proyecto prevé posibilitar la limitación de los precios de alquiler al departamento competente en materia de vivienda, directamente o capacitando a los ayuntamientos para hacerlo, e incluirá un paquete de medidas para que el arrendamiento de inmuebles se haga con mejores garantías y que busque «la preservación de derechos y deberes de todas las partes».

Más favorable que el decreto nacional

Capella ha destacado en su intervención que la Generalitat actúa en «el ejercicio de sus competencias propias como país» y que prevé tener aprobada la ley en el Parlament a finales de año, y que se presente la memoria a finales de abril. Ha resaltado que es «la obligación principal» de todo representante político desplegar la legislación que quiere proteger e intentar mejorar la vida de la ciudadanía.

Al preguntársele si teme que el Gobierno central pueda recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional, la consellera ha pedido al Ejecutivo que «respete las competencias propias de Cataluña», y ha destacado que se están limitando a aplicar el Estatut en el marco del desarrollo del derecho privado. La norma estatal aprobada el viernes amplía la duración del alquiler a un máximo de cinco años y no establece limitaciones de precios. El objetivo de esta nueva en la región. norma es ejercer la competencia exclusiva en materia de derecho civil para contribuir al acceso a la vivienda y hacerlo compatible con el turismo y el negocio inmobiliario, ha destacado el departamento.