Los funcionarios piden a Justicia traslados para aquellos que ejerzan en Cataluña y quieran irse

El presidente del sector de la Justicia del sindicato de funcionarios CSIF, Francisco Lama, ha expuesto este lunes en la Comisión de Justicia del Congreso la situación de incertidumbre que viven los funcionarios ante la situación que se vive en Cataluña por el proceso independentista.

Este sindicato reclama al Ministerio de Justicia que abra un periodo extraordinario en sus concursos de traslado pendientes, dado que muchos se plantearían abandonar la comunidad autónoma.

El representante de esta central sindical, mayoritaria en el sector de la Justicia, ha reiterado su posición en defensa del ordenamiento jurídico vigente, la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

«El sindicato lanza un mensaje de tranquilidad. Velaremos por garantizar su seguridad jurídica y tenemos garantías por parte del Gobierno de que recibirán protección todas aquellas empleadas y empleados públicos que reciban órdenes ilegales por parte de la Generalitat», ha destacado Lama durante su intervención en la comisión del Congreso.

Alta temporalidad

Por otra parte, Lama ha recordado que Cataluña es comunidad que cuenta con uno de los índices más altos de temporalidad de toda España, por encima del 20%. A esta situación se une el hecho de que la Generalitat renunciara el año pasado a 509 plazas para dar estabilidad a funcionarios y CSIF tiene indicios de que este año tampoco optará a nuevas plazas.

Es decir, la Generalitat prefiere tener empleados en precario bajo su gestión que funcionarios de cuerpos nacionales con plaza fija, según este sindicato.

Finalmente, ha recordado que CSIF viene defendido una solución a los problemas de coordinación que sería que toda la Administración de Justicia dependiera en su integridad de un mismo organismo administrativo- judicial con un presupuesto propio.

De esta manera se aseguraría su independencia y su funcionamiento homogéneo en todo el territorio nacional con la prestación de un servicio uniforme con garantías de igualdad en el acceso a la Justicia.