El fracaso del escudo antiopas del Gobierno: sólo tumbó una operación en tres años

• Benjamín Santamaría @benjaefe
• Economista, analista, conferenciante y máster de educación. Redactor de economía en OKDIARIO y autor de "La economía a través del tiempo" en el Instituto Juan de Mariana
• • 05/06/2024 15:56
  • Actualizado: 05/06/2024 15:56

El escudo antiopas del Gobierno sólo fue aplicado una vez entre marzo de 2020 y finales de 2023 para frenar una operación de las más de 260 que han pasado por el filtro de la ley. Esta herramienta entró en vigor en el Real Decreto 571/2023, de 4 de julio, sobre inversiones exteriores, en plena pandemia del Covid-19, ante el temor a que la pérdida de valor bursátil de las compañías españolas produjese el desembarco de inversores extranjeros con intereses más allá de los meramente comerciales.

El escudo nació para ser termporal. Sin embargo, más tarde, en julio de 2023, el Gobierno lo hizo indefinido. Esta perpetuación se aprobó paradójicamente el mismo día que el Ejecutivo declaró «la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19» y eliminó la obligación de llevar mascarilla en centros sanitarios y farmacias.

La normativa que regula el control de las inversiones extranjeras dispone que el Gobierno debe autorizar las operaciones en empresas nacionales estratégicas cotizadas cuando una entidad extranjera planea adquirir más del 10% del capital, o más del 5% si la empresa está vinculada a la defensa nacional.

Además, en el caso de empresas no cotizadas, la ley impone que el Gobierno tiene que dar una autorización si la inversión supera los 500 millones de euros.

En este contexto, según los datos publicados por la Secretaría General de Inversiones Exteriores, dependiente del Ministerio de Economía, entre el 17 de marzo de 2020, cuando entró en vigor la medida, y finales de 2023, el Ejecutivo ha evaluado 264 solicitudes de operaciones sujetas al régimen de autorización previa de inversiones extranjeras. De estas, solo una fue rechazada en 2022, mientras que otra operación decayó antes de la resolución del Gobierno en 2020.

El fracaso del escudo antiopas

En concreto, en 2020 el Gobierno evaluó un total de 29 solicitudes de operaciones que debían pasar el filtro de la normativa de inversiones extranjeras, en 2021 la cifra se elevó a 55, en 2022 fueron 83 y en 2023 se alcanzaron las 97 transacciones.

En este contexto, cabe destacar que una de las opciones que contempla la normativa es la autorización de las operaciones con la aplicación de medidas de mitigación de los riesgos, un procedimiento similar al que utiliza la Comisión Europea con la imposición de remedies (condiciones) para dar su visto bueno a algunas transacciones, como por ejemplo el caso reciente de la fusión de Orange y MásMóvil en España, fruto de la cual nació Masorange.

«No existe un catálogo normalizado de medidas de mitigación, ya que es complejo sistematizar un conjunto de remedios que sirva para hacer frente a riesgos de naturaleza muy diversa. En la práctica, el diseño de estas medidas depende de las características concretas de cada operación y de las amenazas y vulnerabilidades identificadas», destaca la Secretaría General de Inversiones Extranjeras en el informe con los datos de 2023.

Sin embargo, sí existen algunos «rasgos comunes» en estas medidas, como garantizar el suministro de determinados bienes o servicios considerados fundamentales, las limitaciones de acceso al inversor extranjero a información sensible o la imposición de condiciones destinadas a evitar la pérdida de soberanía en ciertos ámbitos, especialmente en el tecnológico.

De este modo, la gran mayoría de las operaciones de inversión extranjera en empresas estratégicas entre 2020 y 2023 se han aprobado sin la aplicación de ningún tipo de medida de mitigación de riesgos, tampoco se necesitó el escudo antiopas.

En concreto, en 2020 solo una de las operaciones tuvo que aplicar medidas de este tipo (3,6% del total), en 2021 fueron seis (11%), en 2022 se implementaron en nueve ocasiones (11%) y en 2023 en ocho casos (8%).

En cuanto a las operaciones actuales que deberán someterse al escrutinio del escudo antiopas destacan el desembarco del operador saudí STC en el capital social de Telefónica y la OPA planteada por la húngara Magyar Vagon sobre Talgo.

Sobre la primera operación, la teleco saudí adquirió el pasado septiembre y de forma sorpresiva un 9,9% de Telefónica -un 4,9% en acciones directas y un 5% en derivados financieros- en una transacción valorada en 2.100 millones de euros.

Debido a la normativa sobre inversiones extranjeras y al vínculo de Telefónica con la seguridad nacional, para que STC pueda superar el 5% en el capital de la teleco española debe remitir al Ejecutivo una carta en la que explique sus intenciones en la compañía, como por ejemplo si quiere un asiento en el consejo de administración o no.

A pesar de que este movimiento de STC ha provocado que el Estado haya adquirido a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) un 10% de Telefónica por casi 2.285 y que la entidad ya cuente con un consejero en la teleco (Carlos Ocaña Orbis), todavía se desconoce si la operadora saudí ha pedido permiso al Gobierno para superar el 5% en la operadora presidida por José María Álvarez-Pallete.

En cuanto a la OPA de 619 millones de euros lanzada sobre Talgo, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha afirmado esta misma semana que existen distintas «posibilidades» y «opciones» y ha añadido que el Gobierno está analizando la operación desde una óptica «legal».

«El Gobierno está analizando la operación tanto desde la óptica legal como desde la óptica de las posibles alternativas», destacó Puente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este pasado martes.