Fondos y constructoras de la radiales quebradas denunciarán en el Supremo el nuevo órdago de Ábalos
La decisión de José Luis Ábalos, ministro de Fomento, de no pagar ni un euro por la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) en la quiebra de la autopista de peaje M12, la primera de las nueve que ha resuelto, será respondida judicialmente por fondos, constructoras y bancos ante el Tribunal Supremo.
Las constructoras y concesionarias, que perdieron su inversión, y los fondos oportunistas y bancos, dueños de la deuda y acreedores, ya recurrieron en 2019 ante el Supremo el método de cálculo de la RPA aprobado en mayo por el departamento de Ábalos, que sirve de base para cifrar ahora en cero euros el coste a pagar por el Estado por la M12 -adelantado este viernes por ‘Cinco Días’-.
Fuentes del sector explican que ya tienen prácticamente asumido que «lo normal» será que Fomento cifre también en cero euros el resto de la RPA a pagar en las otras ocho radiales quebradas -R2, R3, R4, R5, la AP-41, la AP-36, la Circunvalación de Alicante y la AP-7 Cartagena-Vera-. «O desde luego en una cantidad muy inferior a la que han calculado los distintos implicados del sector», señalan estas fuentes.
Constructoras y fondos -entre los que se encuentran Taconic, King Street y Attestor- han calculado el coste total de la RPA a pagar por el Estado por las nueve radiales en más de 4.500 millones de euros, una cifra muy alejada de la prevista por Fomento, 2.000 millones como máximo -posteriormente, en mayo de 2019, fijó un techo de 3.300 millones-. Ahora, tras conocer el cálculo de la primera radial el pesimismo de los implicados es aún mayor sobre lo que está por llegar.
Los afectados dan por hecho ya que el proceso acabará en el Supremo. El primer paso es la presentación de alegaciones ante este «no pago» de la RPA de la M12. «Pero si hasta ahora Ábalos se ha negado a pactar, lo único seguro es que lo recurriremos en el Supremo», aseguran fuentes de los implicados.
«Primero presentaremos alegaciones, y si no sirve de nada, iremos al Supremo. Pero hay que ir paso a paso y cumplir la burocracia», explican otros implicados.
Confirmado
El primer cálculo sobre la RPA de las radiales viene a confirmar el pesimismo de los fondos con Ábalos sobre el futuro de este proceso. Los cero euros que calcula Fomento resultan de restar a los 150 millones que debería pagarse por construir la autopista (113,05 millones) y por las expropiaciones de terrenos pagadas (36,97 millones), los 95 millones que el Estado se ha gastado en poner la autopista ‘a punto’ tras rescatarla (11 millones) y abonar expropiaciones (84,62 millones).
Además, el Ejecutivo considera que debe «retener provisionalmente» 194,71 millones de euros para hacer frente a la liquidación de expropiaciones aún pendientes y no abonadas. «Por ello, dado que esta retención provisional es superior la RPA de 54,3 millones, el monto a pagar por la resolución del contrato de concesión de la autopista al aeropuerto es de cero euros», asegura el Ministerio.
Ábalos se ha negado desde que llegó al Gobierno en junio de 2018 incluso a sentarse a negociar con los fondos una solución pactada y evitar la batalla judicial.
Lo último en Economía
-
Hacienda recauda gracias a Repsol 2.450 millones de euros: más del doble de los 929 que logra de beneficio
-
El Gobierno reconoce en un informe que su inversión en innovación lastrará España a largo plazo
-
PayPal expulsará a los comercios que impongan un recargo a sus clientes por usar su plataforma
-
Trump anuncia aranceles del 25% a la importación de coches de la UE al acusarla de violar el pacto comercial
-
Santander cierra la compra de TSB por más de 3.300 millones al Sabadell
Últimas noticias
-
Horóscopo diario gratis: la predicción para hoy, sábado 2 de mayo
-
El Supremo condena cuatro veces al Gobierno de Sánchez por ocultar información al Senado
-
Rabadán: «Vuelve la Fórmula 1 un mes después con mucha Liga y tenis»
-
Marlaska gasta 800.000 € para distribuir coches policiales mientras los guardias han de recogerlos en moto
-
El Gobierno no verifica si las ONG a las que subvenciona en países del Islam tienen vínculos con el yihadismo