Fomento evitará una multa de 134.000 euros diarios liberalizando la contratación de estibadores

El Ministerio de Fomento llevará a cabo con carácter de urgencia la liberalización de la contratación de estibadores en los puertos españoles. El Gobierno se adaptará así a la legislación europea para evitar sanciones de la UE por valor de 134.000 euros diarios por cada día de retraso desde la publicación de la sentencia condenatoria.

Fuentes de Fomento insisten en que estas reformas no responden a una decisión política, sino al cumplimiento del Tratado de Funcionamiento de la UE. La Comisión Europea (CE) es, en última instancia, la que decidirá si nuestro país ha hecho los deberes.

En 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) obligó a España a liberalizar el servicio de contratación de los estibadores. Como un Gobierno en funciones no puede ejecutar los cambios recogidos en dicha sentencia, la Comisión demandó de nuevo al Reino de España.

El Gobierno asegura que ha conseguido la máxima flexibilización que la CE ha permitido. En un principio, Fomento solicitó 7 años de período de transición de cara a aplicar lo obligado en la sentencia del 11 de diciembre de 2014 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El Gobierno trató de conseguir un período transitorio con la máxima flexibilización con el objetivo de defender el máximo posible los derechos de los trabajadores. Esa petición inicial fue de siete años, pero la Comisión lo rebajó a cuatro. Como España ha gastado un año tras el período del Ejecutivo en funciones, sólo restan tres para aplicar todas las reformas.

De producirse una segunda sentencia, algo que según fuentes del Ministerio podría ocurrir en cualquier momento, España estaría condenado a pagar 134.000 euros por cada día de retraso en la ejecución de dicha sentencia, desde el día en que se dicte hasta el momento en que se ejecute la misma.

Fuentes de Fomento explican que se ha mantenido contacto tanto con patronal como con sindicatos y todo se ha trasladado a la UE. La Comisión exige libertad de contratación en los puertos y lo resume en una serie de principios que se basan en la libertad de empresa. Las compañías podrán contratar libremente a los trabajadores siempre que cumplan los requisitos mínimos y estén capacitados para manipular mercancías en los puertos.

La masa de la estiba en España es de algo más de 6.000 trabajadores y cada uno de ellos cobra de media un 60% más que el resto de trabajadores de puertos, pero se trata de un sector estratégico del que depende buena parte de la economía española. Ahora mismo, las empresas están obligadas a contratar a sus empleados a través de las Sociedades Anónimas de Gestión de Trabajadores Portuarios (SAGEP), de las que son accionistas las propias compañías estibadoras. Es decir, no existe libertad de contratación de trabajadores.

Desde Fomento se insiste en que este cumplimiento de la sentencia no esconde ninguna regulación de empleo, pues son las empresas las que tienen la voluntariedad de contratar a los trabajadores. Para garantizar la estabilidad y la continuidad de los actuales empleados de las SAGEP, el Estado se encargará de proteger sus derechos laborales.

De este modo, cada Autoridad Portuaria se haría cargo de los pasivos laborales en caso de que estos se produzcan. Es decir, una empresa que quiera continuar con los mismos trabajadores sabe que si se produce un despido o una automatización, cuando se produzca, se haría cargo del pasivo desde la contratación hasta el momento de la sentencia. Un trabajador nuevo y uno antiguo van a estar en la misma situación.

De este modo, la UE consigue que haya una mayor apertura de mercado en el trabajo portuario, un sector muy controlado por los sindicatos gremiales. Lo que se pretende, según Fomento, es que cualquier español pueda ser estibador.

El decreto será aprobado con carácter urgente y el titular de Fomento ya se lo está transmitiendo a los diferentes grupos parlamentarios. El Ministerio confía en que los sindicatos entiendan el proceso, ya que es imposible no cumplir con el derecho comunitario. No obstante, de producirse una huelga, las empresas deberán buscar alternativas.