‘Financial Times’ confirma las dudas del BCE sobre el impuesto español a la banca adelantadas por OKDIARIO

Financial Times publicó ayer que España puede entrar en conflicto con el Banco Central Europeo a cuenta del impuesto sobre los beneficios supuestamente extraordinarios de la banca española aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez en el mes de julio. Esta noticia fue adelantada por OKDIARIO el pasado 10 de octubre. En ella se decía, tal y como replicó ayer FT, que el Banco Central Europeo había creado una comisión de expertos para analizar el impuesto, cuya dictamen se conocerá en un par de semanas, y se aseguraba que, en principio, la institución que preside Christine Lagarde es reacia al establecimiento de esta clase de tasas que pueden perjudicar la cuenta de resultados de las entidades financieras y poner en riesgo sus niveles de solvencia.

FT también se hace eco de la oposición rotunda de las instituciones afectadas al impuesto, y más aún, en el caso de que finalmente se apruebe, a la pretensión del Gobierno de prohibir a las entidades financieras que repercutan el coste adicional que supondrá la medida sobre los clientes. Sánchez espera ingresar 3.000 millones de euros con este tributo de nueva generación.

OKDIARIO publicó el pasado 10 de octubre que el Banco Central Europeo había creado un grupo de expertos «para estudiar con todo detalle» el impuesto sobre los beneficios extraordinarios de la banca que se ha sacado de la manga el presidente Sánchez con el argumento de «que los que más ganan tienen que arrimar el hombro para apoyar a los más desfavorecidos y que nadie quede atrás como en la crisis financiera de 2008».

El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, declaró en una reciente visita a España que ningún miembro del Gobierno les había pedido opinión sobre este impuesto de nueva generación que afecta directamente al sector financiero -al que monitoriza y cuya estabilidad vigila la institución de Fráncfort-, y que podría impactar sobre las cuentas de resultados de las entidades españolas.

De acuerdo con los medios consultados, el Congreso de los Diputados ya ha solicitado al BCE que emita su parecer. La razón de que la solicitud provenga de las Cortes y no del Gobierno es que el impuesto se aprobó allí como una proposición de ley con los votos a favor de los socios del Ejecutivo y la oposición de PP y de Vox. El dictamen del Banco Central se producirá en dos o tres semanas, aunque las fuentes consultadas aseguran que se trata de una «iniciativa muy discutible, que puede tener sus contraindicaciones».

Ningún país de la Unión Europea ha aprobado un impuesto similar. Según los Presupuestos del Estado para 2023, el Gobierno espera recaudar 3.500 millones por los nuevos gravámenes temporales sobre los sectores energético y financiero -sin que esté desglosado lo que corresponde a cada uno-.

La nueva figura tributaria ha contado desde el principio con una dura oposición del sector. La presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, afirmó al hilo de la iniciativa que «no es el momento» para aprobar un nuevo impuesto y que «no es una medida» que vaya a resolver el problema de la inflación, «sino todo lo contrario; no contribuye a mejorar ni el crecimiento económico ni el empleo». El establecimiento de este tributo puede ser «contraproducente». «No ayuda a los bancos a financiarse ni a seguir apoyando la economía con crédito», agregó.

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, afirmo recientemente que el sector financiero podría dejar de prestar hasta 50.000 millones de euros, y el presidente del Instituto de Estudios Económicos, Iñigo Fernández de Mesa, aseguró que esta nueva vuelta de tuerca a la fiscalidad reducirá la actividad económica y podría provocar la pérdida de hasta 72.000 empleos. Un informe del mismo instituto asegura que «el impuesto que absorbe el 4,8% de la cifra neta de comisiones e intereses que logran los bancos por su desarrollo empresarial no se puede calificar como una prestación patrimonial pública no tributaria, como lo quiere colar el Gobierno, porque estas son para la cobertura de gastos públicos determinados.  Se alude igualmente a un pacto de rentas que no está definido. Por lo tanto, no cumple con las exigencias mínimas que se piden a cualquier tributo básico”, recoge el estudio.

Los autores del informe señalan que un impuesto de esta naturaleza es un «auténtico despropósito que también atenta contra el derecho de la Unión Europea. Su ilegalidad es la consecuencia de diseñarlo sin la serenidad y el tiempo necesario que hubiese requerido una ley así con los informes de las autoridades correspondientes y una audiencia pública».