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FG cobró 5,4 millones de euros en su último año como presidente de BBVA

El banco explica en su informe de gobierno corporativo que todavía no ha recibido ninguna notificación de que se hayan tomado acciones legales contra la entidad por el caso de espionaje con la empresa del comisario Villarejo

Francisco González cobró 5,4 millones de euros en 2018, un 5,9% menos, en un año en el que abandonó los puestos ejecutivos en BBVA el 21 de diciembre, 10 días antes de finalizarlo. El expresidente de BBVA, hoy en duda por el caso de sus presuntas escuchas con el excomisario de Policía Nacional José Villarejo, cobró 4,05 millones de euros en metálico y 1,4 millones en acciones y otros instrumentos financieros por parte del banco.

Por su parte, Carlos Torres, actual presidente de BBVA desde el 21 de diciembre, ha cobrado en el pasado año 4,2 millones de euros, de los que 3,2 fueron en metálico.

BBVA reconoce que puede estar siendo investigado ya por la justicia, después de que varios afectados hayan instado a Fiscalía por el caso de las presuntas escuchas ilegales que relacionarían a su expresidente Francisco González con el excomisario de Policía Nacional José Villarejo, en prisión. En su informe de gobierno corporativo remitido a CNMV, la entidad bancaria reconoce que «el Grupo podría estar igualmente inmerso en investigaciones por las autoridades judiciales sin que, hasta el momento, se haya recibido ninguna notificación formal al efecto, en relación con la contratación de actividades presuntamente irregulares que, de confirmarse, podrían tener un impacto reputacional negativo para el Banco».

BBVA recuerda que han encargado una investigación interna «no siendo posible predecir en este momento el ámbito o duración de dichas investigaciones ni su posible resultado o implicaciones para el Grupo».

El banco ya ha sido apremiado en público y en privado por el Banco Central Europeo, singularmente por su vicepresidente Luis de Guindos, para que acelere la investigación que está realizando para aclarar las responsabilidades en el caso de presunto espionaje con la empresa Zenyt de Villarejo. No obstante, tanto algunos de los afectados directamente -como el exministro de Industria Miguel Sebastián- como los propios accionistas minoritarios, van a iniciar acciones legales instando, en este último caso, a la Fiscalía a que investigue la situación.