La FEMP pide una reunión con Montero para crear un fondo de compensación por el impuesto de plusvalía

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha acordado este lunes solicitar una convocatoria urgente de la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL) para trasladar a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la demanda de un fondo compensatorio por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el impuesto de plusvalías.

Así lo ha convenido la federación municipalista en una reunión extraordinaria de su Junta de Gobierno, donde se ha planteado que ese fondo se calcule en «pasado, presente y futuro», según ha señalado el presidente de la FEMP, Abel Caballero, e incluya la minoración de la recaudación de muchos ayuntamientos que, ya antes de la sentencia del Supremo, no venían realizando cobros de este impuesto.

Según la patronal, esto es la cantidad no recibida entre la emisión de la sentencia y la entrada en vigor del decreto aprobado por el Gobierno, y la cifra que dejarán de recaudar en el futuro con la aplicación de la nueva norma. Los cálculos de esas cantidades se realizarán con la utilización de una metodología común para todos los Gobiernos locales que se elaborará y planteará desde la FEMP, según informa Europa Press.

Asimismo, la FEMP también tiene previsto llevar al Senado una enmienda para que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 contemplen un fondo activo para compensar la minoración de ingresos.

Por su parte, el vicepresidente de la FEMP y alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha criticado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «ha adoptado una solución para establecer una nueva forma de cálculo del gravamen, pero no se ha ocupado de las consecuencias económicas que va a tener para las entidades locales esta reforma».

Aprobación del nuevo impuesto

El Consejo de Ministros aprobó a principios de este mes la reforma del impuesto de la plusvalía municipal y permitirá al contribuyente elegir si paga por la ganancia real o por la resultante de aplicar el sistema objetivo. Así, el contribuyente estará exento de pagar este tributo cuando la venta de un terreno o inmueble no reporte ganancia alguna.

La reforma fue aprobada por decreto-ley, después de que el Tribunal Constitucional anulara en sentencia del 26 de octubre el método de cálculo por considerarlo inconstitucional. De esta forma, el Gobierno devuelve la constitucionalidad al impuesto «para que refleje la realidad del mercado inmobiliario», según explicó en su día la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez.  En concreto, el decreto-ley entró en vigor el pasado 10 de noviembre con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Ministerio de Hacienda incidió en que la norma restablece la exigibilidad del impuesto, que había quedado en suspenso con la sentencia del TC. Así se evita el riesgo de que los ayuntamientos tengan que rehacer sus presupuesto y sufran un aumento del déficit o el deterioro de los servicios que prestan a los ciudadanos. En concreto, el impuesto de plusvalía supuso unos ingresos aproximados de 2.500 millones de euros en 2019.