Faes solicita al Gobierno incentivos fiscales para evitar una «destrucción masiva» del tejido empresarial
La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (Faes) advierte de que la crisis derivada del coronavirus tendrá un «fuerte impacto» en las cuentas públicas. Ante esta situación exige al Gobierno incentivos fiscales para sortear el riesgo de una «destrucción masiva» del tejido empresarial y de una depresión de la demanda interna mayor de la crisis del 200.
Así lo señala la fundación, presidida por el expresidente del Gobierno José María Aznar, en un documento en el que critica que «se han perdido dos años en una consolidación fiscal que ahora permitiría disponer de un mayor margen de maniobra para adoptar medidas imprescindibles», como la reducción de la carga tributaria sobre familias y empresas que sufren la crisis.
No obstante, la fundación sostiene que esta situación «no debe servir de excusa para que el Gobierno no las apruebe», ya que sin incentivos fiscales, como los que se han puesto en marcha en otros países, España se enfrentará al riesgo de una «destrucción masiva del tejido empresarial», afectando a autónomos y pequeñas y medianas empresas.
Aumento de la presión fiscal
«Por desgracia, las medidas que el Gobierno ha aprobado estas semanas no invitan a la esperanza», lamenta Faes, que critica que el Gobierno «no ha sido capaz de aprobar unos presupuestos en dos años» y «solamente pensaba en gastar y en aumentar la presión fiscal para financiar este gasto».
«Ya es hora de que olvide estos planteamientos, deje a un lado discursos demagógicos y asuma que, con una economía paralizada, la recaudación tributaria se va a desplomar, al mismo tiempo que se produce un importante crecimiento del gasto público», ha añadido la fundación.
Grave crisis: impacto en el sector público
Por su parte, advierten de que está empezando una «grave crisis» que, al menos en el corto plazo, tendrá un «fuerte impacto» en las cuentas de un sector público, que deberá afrontarla con un déficit «creciente» y una deuda pública del 95,5% del Producto Interior Bruto (PIB), la séptima más elevada de los países de la Unión Europea, por «no haber aprovechado los años de crecimiento para completar el saneamiento de las cuentas públicas».
En este sentido, subraya que el dato de déficit de 2019 «ha superado la peor de las previsiones», con un desajuste de 33.223 millones de euros -2.800 millones más que el año anterior-, que supone el 2,7% del PIB, el primer incremento desde 2012, que achaca a una ralentización del crecimiento de los ingresos tributarios, de la que «fueron alertando los informes mensuales de recaudación tributaria», mientras se producía un crecimiento muy superior del gasto público.
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