El exCEO de Segur Ibérica contrata a Uría para defenderse tras su imputación por la quiebra de la empresa

El juicio económico contra la antigua cúpula de la empresa de seguridad privada Segur Ibérica, quebrada en noviembre de 2016 y que se fue a pique en extrañas circunstancias después de una supuesta oferta retirada de un fondo israelí, continúa en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid. El principal investigado es Ignacio Suárez, ex consejero delegado de la entidad que ha contratado a un abogado del prestigioso bufete Uría & Menéndez para que lleve su defensa.

El letrado Ismael Clemente, especialista en derecho penal de los negocios e investigaciones internas, firma un escrito al juzgado para oponerse a la personación de Alternativa Sindical, el sindicato que con su denuncia hace tres años, tras la caída de la compañía, provocó la investigación judicial secreta que ha acabado con la imputación de nueve directivos de la antigua Segur Ibérica.

Este abogado es especialista en gestión de riesgos en las empresas y responsabilidad penal de las personas jurídicas. En su escrito al juez, el abogado pide que el sindicato denunciante deje de ser acusación particular en el caso: «La sola interposición de una denuncia no basta a la denunciante para ser tenida como acusación particular. El correcto ejercicio de la acusación particular requiere algo más (…) la acreditación de una especial relación con los hechos objeto de procedimiento; requiere la acreditación de un perjuicio. Y, sin embargo, ningún perjuicio ha acreditado» el sindicato denunciante.

Por tanto, solicita que se personen si es necesario como acusación popular, pero no como acusación particular, como ocurre en los casos donde no puede acreditarse un perjuicio específico en el caso penal.

No obstante, Alberto García, portavoz de Alternativa Sindical, ha manifestado que «somos acreedores y por tanto parte legitimada en la denuncia. La sentencia número 165/2017 del juzgado de lo mercantil 3 de Madrid que llevaba la liquidación de Segur Ibérica ya reconocía que somos acreedores».

Un caso amplio

Sea como fuere, el caso de delitos económicos que se está instruyendo en el juzgado de instrucción de Plaza de Castilla avanza a marchas forzadas después de tres años en el limbo y el juez ya ha establecido para el mes de abril las declaraciones de la antigua cúpula de Segur Ibérica, entre ellos Ignacio Suárez (hoy consejero delegado de los gimnasios AltaFit Gym Club) y los citados otros ocho ex directivos de Segur Ibérica, con perfiles como el antiguo director de recursos humanos Rafael Centeno, que había sido secretario sectorial estatal de UGT, o José del Pino, que actualmente desempeña sus funciones también como directivo en la compañía mallorquina de seguridad privada Trablisa.

Insolvencia punible

Todos estos ex directivos de la empresa, que cuando quebró era la tercera en tamaño de España después de Prosegur y Eulen Seguridad, están investigados por un delito de insolvencia punible, que se da cuando un deudor trata de provocar un desajuste en sus activos para alegar que no tiene patrimonio suficiente con el que responder a un derecho de crédito.

Por ello, el acreedor se verá perjudicado y el bien jurídico que se ve afectado es ese derecho de crédito del acreedor frente al deudor. En el caso de este delito existe el tipo agravado que se castiga con pena de prisión de 2 a 6 años y multa de 8 a 24 meses

Este tipo agravado se da si se cumplen algunas condiciones:

1.ª Cuando se produzca o pueda producirse perjuicio patrimonial en una generalidad de personas o pueda ponerlas en una grave situación económica.

2.ª Cuando se causa a alguno de los acreedores un perjuicio económico superior a 600.000 euros.

3.ª Cuando al menos la mitad del importe de los créditos concursales tenga como titulares a la Hacienda Pública, sea esta estatal, autonómica, local o foral y a la Seguridad Social.

Quiebra y deudas

Según la última lista actualizada de deudores a la Agencia Tributaria, Segur Ibérica SA debía al fisco con fecha del pasado miércoles, 30 de septiembre (última actualización de la AEAT) nada menos que 22.564.601,20 euros, una cantidad que por otra parte ha ido aumentando semestre a semestre debido a los intereses que sigue sin satisfacer. Por ejemplo, en junio de 2018 la deuda con Hacienda era de 21 millones de euros.

Los dos fondos propietarios de la compañía, Corpfin Capital y MCH Private Equity, entraron en Segur Iberica en 2011 pero posteriormente no colocaron equipos gestores capaces de sacar rentabilidad a un negocio difícil. En seguridad privada se cobra muchas veces con retraso (entre 30 y 90 días o muchas veces más) de los clientes, pero se tienen que satisfacer las nóminas y otros gastos mes a mes. Por ello, los problemas de tesorería en las compañías son una constante.